El gobierno del presidente Joe Biden expresó sus alegatos ante la corte de apelaciones del Quinto Circuito en defensa de la política que impide deportar a los dreamers (soñadores), es decir, los inmigrantes irregulares que llegaron de niños a Estados Unidos.
Esta política llamada Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por su sigla en inglés) fue lanzada por el expresidente Barack Obama en 2012 para proteger a estas personas contra la deportación y permitirles trabajar.
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De acuerdo con los últimos datos proporcionados por los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por su sigla en inglés), el 31 de diciembre del año pasado 611.470 personas tenían este estatus.
En julio de 2021, el juez Andrew Hanen de la corte federal de Texas dictaminó que DACA es ilegal. Permitió que se sigan procesando las renovaciones pero prohibió que se procesen nuevas solicitudes.
"El memorándum DACA de 2012 impugnado en este caso es legal en su totalidad y debe mantenerse", dijo este miércoles a los jueces Brian Boynton, un abogado del Departamento de Justicia en nombre del gobierno.
Insistió en que el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, tiene autoridad para establecer prioridades a la hora de aplicar la ley de inmigración.
Texas y otros estados dirigidos por republicanos estiman por su parte que el programa los ha perjudicado con decenas de millones de dólares gastados en servicios de salud para atender a los soñadores.
"Texas no proporcionó pruebas de que DACA aumentara el uso de los servicios estatales", reaccionó en su alegato Nina Perales, vicepresidenta de litigios del Fondo de Educación y Defensa Legal México-Estadunidense (MALDEF).
El fiscal general de Nueva Jersey Jeremy Feigenbaum también salió en defensa de este programa, que acaba de cumplir 10 años.
Para acogerse al DACA, estos inmigrantes deben vivir en Estados Unidos desde 2007 y haber llegado antes de cumplir 16 años. También deben estar estudiando, haberse graduado o ser veteranos de las fuerzas armadas y no tener antecedentes penales.
El DACA nació como una medida provisional y sigue siéndolo a falta de una iniciativa definitiva del Congreso, pero se halla bajo amenaza.
En 2017, el entonces presidente republicano Donald Trump quiso ponerle fin alegando que era inconstitucional, lo que provocó una batalla judicial que terminó en la Corte Suprema. Esta última lo mantuvo abierto para los beneficiarios pero impidió la presentación de nuevas solicitudes.
En diciembre de 2020, un tribunal lo reabrió a nuevos solicitantes hasta que la corte federal de Texas lo revirtió en julio de 2021.
Al final de los alegatos, migrantes salieron de la corte formando una cadena a los gritos de "¡Sin papeles, sin miedo!", de acuerdo con imágenes subidas a internet por la oenegé Make the Road New York.
Se desconoce cuándo este tribunal de apelaciones, radicado en Nueva Orleans, emitirá su fallo, que en cualquier caso podría acabar ante la Corte Suprema.
AMP