El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) compró dos de los centros de detención de migrantes más grandes de California, en una operación valorada en mil 500 millones de dólares, que hace parte del plan del presidente Donald Trump para aumentar las deportaciones de indocumentados.
El Gobierno estadunidense adquirió el Centro de Detención de Otay Mesa, ubicado en la frontera de California y México, y el Centro de Detención de California City, en el condado de Kern, vecino de Los Ángeles.
Los dos centros pertenecían a la compañía carcelaria CoreCivic.
¿Cuánto se pagó por cada centro?
La Administración de Trump pagó 739.2 millones de dólares por el centro de Otay Mesa, con capacidad para mil 994 personas, y 732.6 millones de dólares por el centro de California City, recientemente inaugurado y con capacidad para 2 mil 560 personas, según documentos legales de la venta, ocurrida el 2 de julio, citados por CalMatters.
En un comunicado, la compañía indicó que “espera continuar gestionando” las operaciones diarias de ambos centros en virtud de los contratos vigentes con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).
La compra de los centros se anunció tras la reciente aprobación del Congreso de Estados Unidos de un proyecto republicano de 70 mil millones de dólares para financiar a ICE, la Patrulla Fronteriza y otras agencias federales migratorias durante el resto del mandato del presidente, Donald Trump.
Denuncias a centros de detención
Los centros de detención migratoria bajo el Gobierno Trump han estado bajo el escrutinio público tras las denuncias de negligencia y el aumento de muertes de extranjeros bajo custodia de ICE.
En los primeros seis meses del año se han reportado 52 fallecimientos.
Esta semana se conoció que al menos quince de los 45 centros de detención ICE, que albergan a 500 o más personas, no han sido inspeccionados en el último año pese a las denuncias de irregularidades de grupos humanitarios, según un análisis de CBS.
La investigación también encontró que al menos cinco centros de detención no tienen registro alguno de inspección.
LJ