Este 24 de marzo se cumplen 50 años del inicio de la última dictadura que gobernó Argentina durante más de siete años.
Durante ese período, las fuerzas armadas, con apoyo de Estados Unidos y en cooperación con otros gobiernos militares de la región, instauraron un sistema de represión y terror que dejó como saldo la desaparición de 30 mil personas, el robo de casi 500 niños nacidos durante el secuestro de sus madres, criados por familias militares, y una herida profunda en toda la sociedad que se ha heredado de generación en generación.
La resistencia a ese terror persistente fue la lucha de los organismos de derechos humanos, de todo tamaño y tipo, que emergieron incluso durante aquel período para exigir verdad y justicia sobre lo sucedido con sus seres queridos.
A lo largo de los años, esos grupos se convirtieron en pioneros en todo el mundo: las Madres de Plaza de Mayo inspiraron a otras madres buscadoras; los avances científicos de ADN impulsados por las Abuelas de Plaza de Mayo permitieron descubrimientos importantes para la búsqueda en otras latitudes; y las discusiones sobre la preservación de la memoria y la democracia se volvieron centrales en la política nacional.
Sin embargo, este medio siglo llega en un contexto difícil para la sociedad argentina, con un presidente, Javier Milei, que ha decidido polemizar estos consensos, y un gobierno con funcionarios vinculados a las fuerzas armadas que piden una “memoria completa” que contemple los crímenes de las guerrillas de la década de los setenta y los equipare a los delitos de lesa humanidad cometidos por la junta militar.
Desde su campaña, y sobre todo durante sus dos años de gobierno, Javier Milei ha cuestionado la cifra de desaparecidos, atacado a los organismos de derechos humanos y desmantelado políticas fundamentales para mantener activa la justicia en Argentina.
Recientemente, un grupo de expertos de las Naciones Unidas señaló un deterioro de las políticas en memoria, verdad y justicia en Argentina tras el desmantelamiento de instituciones dedicadas a la búsqueda de personas desaparecidas, la conservación de archivos y la promoción de los derechos humanos, sumado a programas educativos y culturales que abordan la década de los setenta.
El grupo de relatores especiales de la ONU destacó los juicios a las juntas militares, iniciados a mediados de la década de los ochenta; el enjuiciamiento de más de mil perpetradores de crímenes de lesa humanidad; la creación de mecanismos de búsqueda de personas desaparecidas y de niños nacidos en cautiverio, y el establecimiento de decenas de sitios y políticas de memoria, todos ellos señalados como afectados por el actual gobierno.
“Legitimando la violencia del pasado se busca legitimar la posible violencia del futuro”, dijo a MILENIO Daniel Feierstein, sociólogo especialista en estudios sobre genocidio.
Milei se lanza contra la memoria de la dictadura con recortes
Desde la campaña presidencial, Javier Milei prometió recortes presupuestarios para alcanzar el equilibrio fiscal en un país con su política macroeconómica dañada.
Esta promesa impactó en la Subsecretaría de Derechos Humanos —con rango ministerial antes de la llegada de Milei—, en los espacios de memoria y en los organismos dedicados a la restauración de la identidad y a la investigación sobre los delitos de lesa humanidad.
Los despidos de cientos de trabajadores, el congelamiento de financiamiento y el vaciamiento paulatino de instituciones culturales y educativas transformaron el panorama de las políticas de memoria, antes centrales a lo largo de todo el país.
Los sitios de memoria, acuñados para contar la historia de lo que sucedió en más de 800 centros clandestinos de detención en el país, sufrieron desfinanciamiento y un eventual debilitamiento —si no apagón— de sus actividades.
El ajuste llegó también a mecanismos fundamentales para llevar a cabo las investigaciones judiciales, que aún continúan en el país. El gobierno desmanteló unidades de recopilación de archivos y pruebas sobre las fuerzas armadas.
Como parte de estas acciones, Milei eliminó la Unidad Especial de Investigación de la desaparición de niños, dando un golpe casi letal a la búsqueda de las Abuelas de Plaza de Mayo.
Argentina fue el primer país de América Latina que sancionó una ley de preservación de sitios de memoria: la mayoría de estos lugares funcionaron durante la dictadura como centros clandestinos de detención y fueron recuperados para proteger pruebas sobre los delitos, promover la memoria y fortalecer procesos educativos.
El actual gobierno impulsó su desmantelamiento mediante despidos, recortes presupuestarios e interrupción de obras de infraestructura y trabajos de arqueología que los preservan como prueba judicial.
En un hecho que causó gran impacto, en 2024 seis diputados libertarios —seguidores de Milei— visitaron a un grupo de represores condenados por crímenes cometidos durante la dictadura. En ese encuentro se conversó sobre la posibilidad de liberar a estos condenados, responsables de miles de casos de secuestro, asesinato, desaparición forzada, tortura, violaciones y apropiación de bebés nacidos en cautiverio.
Mientras algunos legisladores se deslindaron posteriormente, otros defendieron la visita como un acto humanitario.
La búsqueda persiste, los juicios continúan
Argentina se ha destacado internacionalmente por la decisión del Estado democrático de juzgar a los militares responsables de crímenes de lesa humanidad: secuestros, asesinatos, torturas, desapariciones y apropiación de menores.
Desde 2006 se desarrollan de manera sostenida juicios con condenas firmes. De acuerdo con la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, entre 2006 y 2025 se dictaron 357 sentencias en 706 causas en todo el país.
A pesar de las medidas del gobierno, en los dos años de gestión de Javier Milei se registraron 39 fallos judiciales, una cifra similar a la de los últimos 15 años.
En semanas recientes, la justicia federal de Córdoba identificó los restos de 12 detenidos-desaparecidos en el predio donde funcionó el centro clandestino de detención La Perla, uno de los más grandes del país.
En el presente, diversas encuestas muestran que la opinión social sobre la dictadura sigue siendo mayoritariamente negativa. Estudios de Pulsar/UBA y Zuban-Córdoba indican que más de 60 por ciento de los consultados considera que fue un período de violaciones a los derechos humanos, mientras que 70 por ciento cree importante mantener la memoria y continuar los juicios.
Esta postura es mayoritaria incluso entre votantes de Javier Milei en 2023, lo que refleja la persistencia de una construcción social en torno a la memoria, la verdad y la justicia, pese a los cambios en el discurso y las políticas oficiales.
Para no olvidarVidela y la dictadura militar
Jorge Rafael Videla encabezó la junta militar que instauró la dictadura y fue uno de los principales responsables del aparato represivo del Estado. Durante su gobierno se llevaron a cabo operativos clandestinos que incluyeron: secuestros, centros de detención ilegales, ejecuciones extrajudiciales. Entre los casos más emblemáticos está el asesinato de dos monjas francesas, Alice Domon y Léonie Duquet, quienes fueron secuestradas en 1977 por grupos de tareas vinculados a la Marina, tras apoyar a familiares de desaparecidos. Décadas después, la justicia argentina logró condenar a Videla y a otros responsables, estableciendo un precedente internacional en el juzgamiento de crímenes de lesa humanidad cometidos desde el Estado.