La conductora mexicana Inés Gómez Mont, detenida el pasado viernes por agentes del ICE en el estado de Florida, solicitó desde julio de 2022 el asilo político al gobierno de los Estados Unidos, bajo el argumento de que ella y su familia eran víctima de una persecución en México por su “ideología conservadora”.
Dicha petición de asilo continuaba sin ser resuelta cuando el 30 de octubre pasado Gómez Mont fue asegurada por agentes migratorios y trasladada al centro de detención migratorio Broward Transitional Center (BTC) ubicado en el condado de Broward en Florida.
Este centro es una instalación operada por una empresa privada a la que son transferidas personas de riesgo bajo o medio bajo detenidas por ICE, y que en su haber tiene quejas por violaciones a derechos humanos e incluso la muerte de una persona bajo custodia en 2025.
Irregularidades desde 2021
Documentos judiciales a los que MILENIO tuvo acceso indican que la situación migratoria de Gómez Mont y de su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga es irregular desde julio de 2021 cuando venció el plazo autorizado para que permanecieran en territorio estadunidense como no migrantes.
De hecho la pareja salió y reingreso a través al país a través de una embarcación sin pasar por aduanas.
El 11 de julio de 2022 la pareja presentó ante los Servicios de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos una solicitud de asilo político alegando que ambos eran blancos de una supuesta persecución en México por su “ideología conservadora”.
Dijeron que de regresar a México representaba un riesgo de ser perseguidos y privados de la libertad.
La presentación de dicha solicitud no significó para la pareja una regularización de su situación migratoria pues es un trámite resuelto.
La detención de Álvarez Puga
En septiembre de 2025 agentes del ICE detuvieron a Víctor Manuel Álvarez Puga quien, gracias a un recurso judicial tramitado por sus abogados en Florida conocido como “habeas corpus”, evitó ser expulsado de forma inmediata y a la postre obtuvo su libertad bajo fianza. En noviembre tiene una audiencia programada dentro de su proceso migratorio.
El pasado 30 de octubre Gómez Mont fue retenida por la misma situación migratoria irregular que su esposo y trasladada al referido centro migratorio mientras el Servicio de inmigración y Aduanas trabajan el procedimiento para su potencial deportación a México.
Este periodo también puede ser aprovechado por los abogados de la conductora para tramitar recurso a su favor.
En cuanto a la solicitud de asilo político se trata de un procedimiento que no tiene un periodo de tiempo establecido, pero que hasta la fecha sigue abierto.
Extradición probable pero no inmediata
En México Gómez Mont tiene, por lo menos, tres órdenes de aprehensión giradas por jueces federales.
Dos de ellas por casos de defraudación fiscal equiparada, delito al que hizo mención la Fiscalía General de la República el pasado 30 de octubre cuando dió a conocer la detención de Gómez Mont en Florida, y la otra por lavado de dinero y delincuencia organizada vinculado a un tema de empresas factureras.
Sin embargo, y de forma distinta a lo que ocurre con una deportación migratoria, la entrega a México de Gómez Mont en el corto plazo por alguna de estas órdenes de captura no es posible debido a que, como la propia presidenta Claudia Sheinbaum informó en su momento y MILENIO pudo confirmar, la solicitud de detención provisional con fines de extradición fue rechazada por Estados Unidos y la ficha roja de interpol también fue anulada por ese organismo internacional.
En ese contexto, la alternativa para el Gobierno de México es presentar una solicitud formal de extradición en contra de Gómez Mont y de Álvarez Puga por uno o varios de los delitos referidos. No obstante, dicha orden tiene que dirimirse a través de un proceso judicial en el que la defensa de los inculpados también puede aportar evidencia para que eso no ocurra.
Aunque los procesos de extradición formal no tienen una duración mínima o máxima, suelen extenderse por meses y en algunos casos por años, antes de que haya una determinación al respecto.
La “cárcel” de Gómez Mont
De acuerdo con los registros oficiales de ICE, Inés Gómez Mont permanece retenida en el centro de detención migratorio Broward Transitional Center en Florida. Se trata de una instalación con capacidad para 700 personas, en donde son recluidas personas sujetas a procedimientos migratorios, incluidos solicitantes de asilo y personas sin antecedentes penales.
El centro es propiedad privada operado por la empresa he GEO Group. La instalación abrió en 1998 y comenzó a recibir detenidos de ICE en 2002, bajo supervisión de la oficina de operaciones de detención y deportación de Miami.
De acuerdo con una inspección federal, aloja a personas clasificadas con niveles de seguridad bajo y medio-bajo, para estancias superiores a 72 horas. Sin embargo, algunos detenidos permanecen meses en el lugar.
El centro tiene en su historial registros de incidentes, algunos graves, así como quejas y deficiencias.
Los cuestionamientos sobre sus condiciones se remontan al menos a 2012, cuando los activistas indocumentados Marco Saavedra y Viridiana Martínez consiguieron ingresar como detenidos para documentar casos y organizar a los internos.
Las denuncias sobre atención médica y detenciones prolongadas impulsaron exigencias de revisión desde el Congreso.
El caso de Marie Ange Blaise
El episodio más grave documentado ocurrió el 25 de abril de 2025, cuando murió bajo custodia Marie Ange Blaise, una haitiana de 44 años que había llegado al centro veinte días antes.
El médico forense atribuyó su fallecimiento a causas naturales relacionadas con hipertensión y enfermedad cardiovascular, pero su hijo y otra detenida denunciaron dificultades y demoras para obtener atención.
Las emergencias también aumentaron: registros de la oficina del sheriff, analizados por los medios The Tributary y publicados por WLRN, muestran que las llamadas al 911 desde el centro pasaron de 44 durante el primer semestre de 2024 a 88 en el mismo periodo de 2025. Más de 40 por ciento de las llamadas de este último periodo correspondieron a emergencias médicas.
Paralelamente, Human Rights Watch recogió testimonios sobre falta de medicamentos y dificultades de familiares para obtener información de personas hospitalizadas, entre ellos el de un británico con diabetes que se desplomó mientras esperaba comida.
ABF