El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, declaró estado de sitio por 30 días. Esto ocurrió después de que supuestos pandilleros en la capital asesinaran a siete policías. Aparentemente, fue una represalia por retomar una prisión de máxima seguridad en el suroeste del país, donde hubo disturbios y toma de rehenes el día anterior.
Asesinato de policías ocurre tras intervención en prisión de máxima seguridad
Los ataques contra la policía en y alrededor de la Ciudad de Guatemala se produjeron después de que cientos de policías antidisturbios asaltaran la prisión de Renovación en Escuintla, a unos 76 kilómetros al suroeste de la capital, para liberar a nueve guardias que habían sido tomados como rehenes allí.
Los líderes de bandas encarcelados suelen ordenar a los miembros que salgan de los muros de la prisión que lleven a cabo ataques de represalia.
"Se amotinaron en las cárceles y tomaron rehenes con la intención de que el Estado aceptara sus demandas, que durante décadas fueron concedidas", declaró Arévalo en la televisión nacional el domingo. Los ataques que siguieron a la retoma de esas prisiones el domingo fueron "un intento de aterrorizar a las fuerzas de seguridad y a la población para que el gobierno ceda en su lucha directa contra las bandas."
El presidente dijo que todos los guardias rehenes fueron liberados el domingo. El audaz intento de las bandas de desafiar a las autoridades era una señal de que los esfuerzos de seguridad de su administración estaban funcionando, dijo Arévalo.
En espera de la aprobación del Congreso
El estado de sitio de Arévalo aún requiere la aprobación del Congreso, pero puede entrar en vigor antes de que se produzca esa votación. La constitución permite dicha declaración en casos de violencia grave, insurrección o acción de grupos del crimen organizado que exceda la capacidad de las autoridades civiles para responder.
La declaración puede limitar algunos derechos constitucionales como las libertades de movimiento, reunión y protesta. El presidente dijo que era necesario garantizar la seguridad de los guatemaltecos y permitir que el gobierno utilizara todos sus recursos para combatir a las bandas.
Se oyeron disparos mientras los escuadrones antidisturbios irrumpían en la instalación que alberga a los líderes de bandas. Unos 15 minutos después, un periodista de Associated Press vio a los guardias liberados siendo escoltados fuera de la prisión. Parecían estar ilesos. No se reportaron heridos ni muertes de inmediato.
Más tarde el domingo, las autoridades retomaron el control de las otras dos prisiones de la capital, liberando a seis guardias en una y a 28 en la otra, según la Policía Civil Nacional.
El sábado, el Ministerio del Interior había informado de que 46 guardias estaban retenidos como rehenes. No estaba claro de inmediato qué explicaba la discrepancia con los 43 liberados el domingo.
Los internos tomaron el control de las tres prisiones el día anterior en un levantamiento coordinado para protestar contra la decisión de los administradores penitenciarios de retirar privilegios a algunos líderes de bandas encarcelados.
Mientras las fuerzas de seguridad intentaban imponer el control, aparentemente se produjeron ataques de represalia fuera de los muros de la prisión. Pandillas armadas mataron a siete agentes de policía nacional en asaltos por toda la Ciudad de Guatemala, según el ministro del Interior, Marco Antonio Villeda. Los enfrentamientos hirieron a otros 10 agentes, añadió, y mataron a un miembro de la banda.
Dijo que la policía hasta ahora ha detenido a siete miembros de bandas, confiscado dos rifles y confiscado dos vehículos, elogiando la respuesta policial como "el resultado de no negociar con los delincuentes."
"El Estado no se arrodillará ante estos criminales", dijo, presentando los ataques a policías y los disturbios en las prisiones coordinados como respuesta a la intensificación del gobierno contra el crimen organizado.
Las similitudes con Honduras y El Salvador
Las pandillas del Barrio 18 y Mara Salvatrucha son poderosas en Guatemala, al igual que en la vecina Honduras y lo habían estado en El Salvador hasta que el presidente Nayib Bukele declaró el estado de emergencia en marzo de 2022 tras la muerte de decenas de gánsteres.
El estado de emergencia de El Salvador, que suspende algunos derechos constitucionales como el acceso a un abogado, sigue vigente y más de 90 mil personas han sido detenidas bajo él.
Otros líderes centroamericanos han estado bajo presión para adoptar tácticas igualmente duras para combatir el crimen de bandas. La semana pasada, Bukele visitó Costa Rica para presenciar la ceremonia de colocación de la primera piedra de una nueva prisión inspirada en una que él mismo construyó en El Salvador.
Con las tensiones altas, el Ministerio de Educación anunció que suspendería las clases en todo el país centroamericano para el lunes 19 "para priorizar la seguridad" de estudiantes y profesores.
La policía reforzó a los guardias en varias prisiones y aumentó las patrullas conjuntas con el ejército.
AH