Miles de campesinos e indígenas mantenían bloqueadas las principales rutas de Guatemala en reclamo de la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, a quien el presidente electo Bernardo Arévalo acusa de dirigir un golpe de Estado con el fin de que no tome posesión en enero de 2024.
El Comité de Desarrollo Campesino, la organización campesina más grande del país, convocó a sus miembros a bloquear las vías en respuesta al llamado de Arévalo en defensa de la democracia. Según la Dirección General de Protección y Seguridad Vial hay 14 puntos bloqueados en siete de las principales carreteras del país.
En la capital varias personas también bloqueaban vías exigiendo la renuncia de la fiscal general luego de que la Fiscalía Especial Contra la Impunidad y los fiscales Rafael Curruchiche y Cinthia Monterroso, bajo su mando, iniciaron una investigación contra el partido de Arévalo.
Con pancartas, música y consignas los manifestantes pedían la renuncia de los funcionarios bajo la advertencia de que seguirán en las calles hasta que haya respuesta a sus demandas.
El sector empresarial rechazó los bloqueos y dijo que violan los derechos de las personas a transitar libremente.
Las demandas de renuncia se deben a las acciones del Ministerio Público contra el partido Movimiento Semilla que llevó a la presidencia a Arévalo supuestamente por el uso de firmas falsas para su creación.
Arévalo presentó en 2022 una denuncia por el caso de las firmas falsas pero no fue investigada hasta pasada la primera vuelta electoral el pasado 25 de junio, cuando la fiscalía aceleró la pesquisa contra el partido luego de que el candidato pasó a la segunda vuelta electoral.
El 20 de agosto Arévalo se enfrentó a la ex primera dama Sandra Torres, quien intentaba llegar a la presidencia por tercera vez, y le ganó por casi el doble de los votos emitidos. La ex candidata aún no ha reconocido la derrota y su partido presentó una denuncia por fraude que investiga Curruchiche.
Tras anunciarse que Arévalo ganó la presidencia, el juez Freddy Orellana ordenó allanamientos en sedes del Tribunal Supremo Electoral (TSE) donde se encontraban las papeletas de la elección. Empleados de la fiscalía abrieron las cajas electorales y contaron voto por voto, lo que generó un rechazo casi unánime.
La ley sólo faculta al TSE y a las Juntas Receptoras de Votos a revisar las boletas.
Tras las acciones Arévalo suspendió temporalmente su participación en el proceso de transición con el presidente saliente Alejandro Giammattei por falta de condiciones.
La víspera el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, informó al Consejo Permanente de ese organismo que la fiscalía es una amenaza al proceso electoral y pidió poner fin a las acciones contra el tribunal electoral, el partido Semilla y Arévalo.
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SNGZ