Seis meses después de uno de los peores naufragios de migrantes en Grecia, Amnistía Internacional y Human Rights Watch (HRW) lamentan que no haya avances en las investigaciones sobre eventuales responsabilidades de los guardacostas griegos.
Un barco de pesca que salió de Libia con destino a Italia, con 750 personas a bordo con rumbo a la Unión Europea, naufragó el 14 de junio en aguas internacionales de la península del Peloponeso (suroeste).
De acuerdo con algunos testimonios de los sobrevivientes, el barco transportaba en su mayoría a sirios, paquistaníes y egipcios, solo 104 personas sobrevivieron y 82 cuerpos fueron hallados.
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Pronto surgieron interrogantes sobre el papel de los guardacostas griegos, según varias investigaciones periodísticas, intervinieron tardíamente en el lugar del naufragio.
En un informe publicado el jueves, Amnistía Internacional y Human Rights Watch consideraron que la naturaleza de las investigaciones judiciales en curso en Grecia genera "preocupación".
"Las investigaciones oficiales sobre las argumentaciones confiables según las cuales las acciones y omisiones de los guardacostas griegos contribuyeron al naufragio, no han avanzado de manera significativa", según ambas organizaciones.
La confiscación de los teléfonos celulares de los sobrevivientes preocupa a las ONG, debido a que pueden contener pruebas claves de lo acontecido.
"Las autoridades estaban claramente conscientes de la difícil situación, como la sobrecarga y la falta de comida y agua a bordo", agregan las ONG, que interrogaron a 21 sobrevivientes, a allegados a las víctimas y a las autoridades griegas.
Los sobrevivientes dijeron que un patrullero de los guardacostas ató una cuerda a la embarcación y la remolcó, lo que habría causado el naufragio.
IDM