Desde agosto a la fecha, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) han detenido en territorio estadunidense a cuatro mexicanos que tienen órdenes de aprehensión giradas en México por casos de desvíos de recursos, corrupción y lavado.
Oficialmente son prófugos de la justicia mexicana; sin embargo, ninguno de ellos ha sido entregado y la mayoría ya fueron liberados.
De acuerdo con autoridades estadunidenses consultadas por MILENIO, y con fuentes cercanas a esos casos, esto se debe a que las detenciones no fueron resultado de órdenes de extradición o fichas rojas que estuvieran listas al momento de su captura, o que hayan sido presentadas posteriormente, sino de la estrategia migratoria de la administración del presidente Trump.
Dicha estrategia consiste, según los funcionarios consultados, en identificar y “cazar” en territorio estadunidense a personas de alto perfil que, de acuerdo con datos de fuentes abiertas o de inteligencia, estarían relacionadas o acusadas de alguna actividad ilícita, y a partir de ello someterlos a un potencial proceso migratorio. Es una acción unilateral que no se lleva a cabo en coordinación con México.
Detenciones en 2025
El primer caso de interés público se registró en agosto de 2025, cuando el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Carlos Treviño Medina, fue retenido por agentes del ICE cuando salía de su domicilio en la ciudad de Houston, Texas.
Fue la propia presidenta Claudia Sheinbaum la que dio a conocer su captura en su conferencia matutina y aseguró que sería entregado a México por las acusaciones pendientes en su contra relacionadas con el caso Odebrecht.
Sin embargo, lo anterior no ocurrió. Como MILENIO dio a conocer en su momento, Treviño recuperó su libertad el 26 de agosto tras recibir el beneficio de la libertad bajo fianza por una Corte migratoria. Ello mientras se revisa estatus de estancia en territorio estadunidense, un procedimiento que puede extenderse incluso por años.
Hasta la fecha, no hay algún proceso de extradición en marcha impulsado por el Gobierno de México ni ficha roja de Interpol vigente, según lo confirmado por fuentes con pleno conocimiento del caso.
En México, Treviño tiene desde 2021 una orden de aprehensión girada por cargos de supuesto lavado de dinero y asociación delictuosa, a partir de las denuncias presentadas en su momento por otro exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin.
Aunque los dichos de este último no han sido probados, la inasistencia de Treviño a la audiencia inicial de imputación derivó en la liberación de la orden de aprehensión en su contra.
Por otro lado, el 24 de septiembre agentes del ICE detuvieron en Miami, Florida, al abogado y especialista en finanzas Víctor Manuel Álvarez Puga, quien desde hace por lo menos cinco años vive con su familia en dicho estado, luego de que él y su esposa, Inés Gómez Mont, decidieran salir de México poco antes de que se giraran órdenes de aprehensión en su contra.
De acuerdo con investigaciones de la FGR ya judicializadas, tanto Puga como Gómez Mont facilitaron y se beneficiaron a través de una red de empresas fantasma de recursos presuntamente desviados relacionados con contratos que eran para servicios de seguridad en reclusorios durante la administración del ex presidente Enrique Peña Nieto.
Tras conocerse de la detención de Puga, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo en su conferencia matutina que había solicitado información a la FGR sobre el asunto, y le habían informado que se procedería con la solicitud de extradición en el tema. Subrayó que era importante que no hubiera impunidad.
Sin embargo, como en el tema de Treviño, el caso de Álvarez Puga fue manejado por autoridades estadunidenses como un asunto estrictamente migratorio.
En diciembre, según las fuentes consultadas, el empresario tuvo una audiencia en la que se impuso el pago de una fianza para que continuara su proceso migratorio en libertad. Su nombre dejó de aparecer en los registros de detención del ICE, y no fue entregado a México.
En 2026, misma historia
La estrategia de ICE de continuar de forma unilateral con la detención de migrantes mexicanos residiendo en Estados Unidos que podrían estar vinculados con actividades delictivas ha continuado en 2026.
El 25 de marzo, agentes del ICE detuvieron en El Paso, Texas, a Bertha Olga Gómez Fong, esposa del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, y quien en México tiene ordenes de aprehensión pendientes por delitos de corrupción, relacionado con hechos por los que también se encuentra procesado su esposo en México.
Al igual que en los otros casos la detención no fue resultado de alguna ficha roja o proceso de extradición. El ICE trasladó a un centro de detención migratorio a Gómez Fong y, tras una audiencia en una Corte migratoria fue liberada bajo fianza. El fiscal de Chihuahua confirmó la liberación de la mujer sin que fuera deportada o entregada a México.
Y en otro caso que se encuentra en desarrollo, el 11 de abril agentes del ICE detuvieron en Florida al empresario Rafael Zaga Tawil, quien en México cuenta con tres órdenes de aprehensión por cargos de lavado de dinero, delincuencia organizada, delitos fiscales y fraude procesal. Se le relaciona, entre otros temas, con un presunto fraude a Infonavit por un monto de más de cinco mil millones de pesos.
Como en los casos previos, Zaga está sujeto, al menos por ahora, a un proceso estrictamente migratorio. Por ello fue trasladado a un centro de detención administrativo bajo custodia mientras se analiza su caso. A través de sus abogados, el empresario ya impugnó en una corte penal federal de Florida su retención y se encuentra en espera de una audiencia.
Zaga ingresó en 2024 a Estados Unidos buscando asilo tras acusar que ha sido objeto de “una persecución política en México”. Fuentes de su equipo de defensa confirmaron a este medio que no hay fichas rojas ni solicitudes de detención provisional presentadas por México ante autoridades estadounidenses que permitan someterlo a un procedimiento de extradición.
Hijo de Chávez, la excepción
El 3 de julio del año pasado, el boxeador Julio César Chávez Jr., hijo de Julio César Chávez, fue detenido por agentes del ICE tras una pelea de box en Anaheim, California. Fue sometido a un proceso de verificación migratoria donde se confirmó que su visa estaba vencida, y que había presentado datos potencialmente falsos en una solicitud de residencia.
Además de lo anterior, las autoridades estadunidenses identificaron potenciales vínculos del hijo del boxeador con un cártel de la droga. A diferencia de los otros casos, Chávez fue sometido a un proceso de deportación expedita y un mes después fue expulsado a México, donde se cumplimentó una orden de aprehensión federal que estaba pendiente en su contra.
Sin embargo, el 24 de agosto de ese mismo año, seis días después de su deportación, se le concedió el beneficio de seguir su proceso en libertad condicional.
El juez determinó que no representaba un riesgo de fuga inminente bajo ciertas medidas cautelares, como la prohibición de salir del país sin permiso y la obligación de firmar periódicamente ante el juzgado.
LJ