La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia comunicó este sábado 4 de julio, que ya se entregaron los restos de tres víctimas de desaparición forzada a sus respectivas familias, recuperados en el municipio de Apartadó, departamento de Antioquia, luego de más de dos décadas durante el conflicto armado.
Los restos óseos fueron encontrados en las zonas rurales de la aldea de San José de Apartadó. Según explicó la JEP, el descubrimiento se logró por la información aportada por excombatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) durante sus declaraciones voluntarias en el Caso 04, enfocado en investigar los crímenes ocurridos en la subregión de Urabá.
Identificación y entrega forense
Las víctimas fueron identificadas como Luis Eduardo Aguirre, agricultor y líder comunitario desaparecido el 10 de julio de 2001; Humberto Palacios Palacios, trabajador del campo dedicado al aserrío de madera, desaparecido el 19 de octubre de 2000, y una tercera persona cuya identidad permanece bajo reserva por decisión de la jurisdicción.
Los restos fueron entregados a sus familiares el 12 de junio.
Según la JEP, la recuperación de los cuerpos fue resultado de labores de contrastación, inspecciones judiciales y verificaciones en terreno adelantadas por la Sala de Reconocimiento de Verdad y el Grupo de Apoyo Técnico Forense (Gatef).
Mientras que la identificación fue posible mediante análisis antropológicos y cotejos genéticos realizados junto con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y los familiares de las víctimas.
La jurisdicción señaló que estas entregas constituyen un avance en el esclarecimiento de desapariciones forzadas ocurridas en Urabá y reflejan la importancia de los aportes de verdad realizados por excombatientes sometidos a ese tribunal para localizar a personas desaparecidas durante el conflicto armado.
Casos de 'falsos positivos'
Militares colombianos asumen responsabilidad de más de 200 asesinatos en el país, dos generales retirados del Ejército.
Los acusados fueron identificados como Carlos Ovidio Saavedra Saénz y Francisco José Ardila Uribe, junto a otros 25 militares, admitieron su participación en 209 asesinatos y 65 desapariciones forzadas en el departamento de Meta entre 2002 y 2007.
Estos crímenes fueron falsamente presentados como bajas en combate, Saavedra y Ardila reconocieron la existencia de órdenes superiores para cumplir cuotas de bajas e identificaron el sistema de incentivos como un factor que impulsó estas acciones.
La JEP investiga estos casos en el contexto del acuerdo de paz firmado con las FARC para investigar y juzgar crímenes graves.
Con información de EFE
LGG