La Fiscalía de Bolivia solicitó seis meses de cárcel para la ex presidenta interina Jeanine Áñez y dos de sus ministros, según imputación a la que tuvo acceso la AFP.
Tres fiscales firmaron la imputación para la aplicación "de medidas cautelares consistente en la detención preventiva [...] por el tiempo de seis meses" en cárceles de La Paz, dice el documento. Áñez permanece detenida en un cuartel de la policía desde el sábado.
Oposición en Bolivia rechaza detención de Áñez
La detención de la ex presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, fue
rechazada en bloque por la oposición de su país, donde es investigada por su participación en un supuesto golpe de Estado contra el ex mandatario Evo Morales en 2019.Los principales partidos opositores, conservadores de derecha, niegan que haya existido un golpe de Estado en Bolivia en noviembre de 2019, cuando en medio de una convulsión social y levantamiento de la policía, Morales renunció y partió a México como primer destino, mientras que Áñez, entonces segunda vicepresidenta del Senado, se proclamó presidenta interina.
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La oposición, sorprendida, indicó que como ex presidenta, Áñez debe ser juzgada por el Parlamento y no por los tribunales ordinarios, pero el ministro de Justicia negó toda posibilidad de un juicio de privilegio como ex mandataria.
En tanto, algunos dirigentes y agrupaciones de la sociedad civil convocaron desde el lunes a protestas contra estas detenciones, calificadas como una "persecución política" contra aquellos que "defendieron la democracia y la libertad en 2019", dijo el ex mandatario Carlos Mesa en Twitter.
Detención de la ex presidenta interina
Áñez, de 53 años, fue detenida la madrugada del sábado en la ciudad de Trinidad, capital del departamento amazónico del Beni, por la policía, en un operativo que dirigió el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.
Su nombre figura en una denuncia que hizo en diciembre pasado la ex diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Lidia Patty, contra el líder cívico de la rica región de Santa Cruz, el derechista Luis Fernando Camacho, gobernador electo del departamento en las recientes elecciones locales.
En la demanda figuran cinco ex ministros de Áñez, jefes policiales y militares y civiles que habrían participado en lo que el actual gobierno considera un golpe de Estado contra Morales, tras 14 años en el poder.
Detenidos, por ahora
Como Áñez, fueron detenidos también en Trinidad sus ex ministros de Justicia, Álvaro Coimbra, y de Energía, Rodrigo Guzmán, y todos fueron trasladados en avión a La Paz, para ser interrogados por la Fiscalía, pues son acusados por sedición, terrorismo y conspiración.
Áñez está detenida en las celdas de un cuartel de la policía y fue trasladada a la fiscalía durante algunas horas, pero se acogió al derecho al silencio y fue devuelta a la unidad de los uniformados.
La fiscalía espera tomarle declaraciones en las próximas horas. Áñez considera su detención "un acto de abuso y persecución política" del gobierno del presidente Luis Arce, que la acusa "de haber participado en un golpe de Estado que nunca ocurrió" y en el marco de un proceso que "no tiene ni pies ni cabeza".
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Áñez enfrenta proceso ordinario
El ministro de Justicia, Iván Lima, rechazó las denuncias opositoras de que hay un manejo político de la fiscalía y señaló que se está actuando a derecho.
Explicó que a Áñez no le corresponde un juicio de responsabilidades o de privilegio, por su condición de ex gobernante, sino un proceso ordinario por sus actuaciones como senadora, antes de haber asumido la primera magistratura.
"En este momento estamos ante un juicio a una ex senadora, por lo tanto, no corresponde ningún juicio de privilegio constitucional".
Un juicio de privilegio significa que la Fiscalía de la Nación pide al Parlamento autorizar el juicio y luego desarrollar el proceso ante el Tribunal Supremo de Justicia.
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Llaman al diálogo
La detención de Áñez motivó que el Alto Representante de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, indicara en Twitter que "las acusaciones por los hechos de 2019 deben resolverse en el marco de una justicia transparente y sin presiones políticas", asimismo, pidió "diálogo y reconciliación".
La embajada de Estados Unidos en La Paz solicitó en un comunicado que se respetaran "todos los derechos civiles y las garantías del debido proceso".
La Conferencia Episcopal de Bolivia pidió "la inmediata puesta en libertad de los detenidos", a quienes consideró figuras que buscaron la "pacificación" en momentos difíciles del país.
Tanto la Iglesia católica como la Unión Europea fueron claves para la transición del gobierno de Morales al de Áñez.
Áñez asumió la presidencia en noviembre de 2019, tras la dimisión de Morales en medio de una fuerte convulsión social de opositores que denunciaron un fraude en las elecciones del mes anterior en las que el líder izquierdista buscaba reelegirse.
Los adversarios denunciaron fraude en las urnas, lo que después motivó un motín policial y que las Fuerzas Armadas le sugirieran dimitir.
Morales salió exiliado a México, se trasladó un mes después a Argentina como refugiado y volvió a su país en noviembre de 2020, tras la elección presidencial ganada por Arce, su ex ministro de Economía.
ROA