Miles de personas salen de nueva cuenta a distintas ciudades de Colombia para protestar contra el gobierno de Iván Duque, con lo que se cumple una semana de manifestaciones que han dejado hasta el momento centenares de heridos y 24 muertos, 18 de ellos a causa de disparos.
Estudiantes, sindicatos, grupos indígenas y otros sectores colombianos exigen mejores condiciones de salud, educación, seguridad en las regiones, así como el cese del abuso policial contra las manifestaciones, razón que además ha estado bajo la lupa de la comunidad internacional.
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"Duele (...) la negligencia de un gobierno que está sordo, que prefiere enviar fuerza pública, en vez de ayudar [a la gente], prefieren ayudar a los bancos, a las grandes empresas", dice a la AFP Héctor Cuinemi, un estudiante de 19 años que protestaba en Bogotá.
En distintos puntos de la capital, numerosos grupos se dieron cita para avanzar hacia la central Plaza de Bolívar, aledaña a la sede presidencial.
En Cali (suroeste), un foco de los disturbios, miles de indígenas se sumaron a las protestas agitando sus bastones de mando y gritando "resistencia", mientras una multitudinaria manifestación se volcó a las calles en Medellín con música, teatro y arengas contra el gobierno.
Las movilizaciones han sido en su mayoría pacíficas, pero en algunas ciudades se tornaron violentas. De acuerdo a cifras oficiales con corte al martes, 18 de los 24 fallecidos fueron baleados, más de 800 quedaron lesionadas y 89 están desaparecidas. Organizaciones civiles denuncian que la policía ha disparado contra manifestantes y que las víctimas fatales superan las 30 personas.
Las autoridades también registran tres policías heridos de bala.
Lo que empezó como una manifestación pacífica el 28 de abril, en rechazo a una reforma fiscal ya retirada, se transformó en la protesta más grande contra el gobierno conservador desde que llegó al poder en 2018.
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ONU, EU, la UE y AI condenan la violencia policial en protestas
La presión en las calles no cede, ante la vigilancia de la comunidad internacional que denunció ataques de policías contra civiles.
La ONU, La Unión Europea, Estados Unidos, Amnistía Internacional y Human Rights Watch llamaron a la calma y le exigieron garantías al gobierno colombiano en medio de las protestas.
Según Reporteros sin Fronteras, hubo además 76 agresiones contra periodistas, diez de ellos lesionados por la fuerza pública.
Bogotá vivió una noche de tensión ayer. Treinta ciudadanos y 16 policías resultaron heridos tras los choques con uniformados que dejaron 25 puestos policiales afectados, según la alcaldía local.
La violencia estalló también en Cali el lunes dejando cinco muertos y una treintena de lesionados.
Según la fiscalía, detrás de los desmanes están disidencias de las FARC que se apartaron del acuerdo de paz firmado en 2016; el ELN, la última guerrilla reconocida en Colombia, y bandas narco.
"La amenaza vandálica que enfrentamos consiste en una organización criminal que se esconde detrás de legítimas aspiraciones sociales para desestabilizar a la sociedad, generar terror en la ciudadanía y distraer las acciones de la fuerza pública", dijo el presidente hoy.
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Duque pide diálogo sin incluir aún a los líderes de protestas
A las movilizaciones y los disturbios se suman bloqueos en vías. Algunas ciudades como Cali registran desabastecimiento de gasolina y preocupación por el paso de camiones con insumos médicos en plena pandemia del coronavirus.
Duque aseguró que abrirá "espacios de diálogo" para escuchar a los ciudadanos. El gobierno prevé once reuniones que comenzarían con las cortes, el Congreso, organismos de control y la fiscalía, sin incluir todavía a los líderes de las protestas.
El llamado Comité del Paro, que reúne a los sectores inconformes, se dijo abierto a una negociación directa sin intermediarios.
El ministerio de Defensa desplegó 47 mil 500 uniformados en todo el país durante las manifestaciones. Solo en Cali hay 700 soldados, 500 hombres de la fuerza antidisturbios (Esmad), mil 800 policías y dos helicópteros adicionales. Desde el fin de semana los militares también patrullan la capital.
Con la popularidad en picada –de 33 por ciento–, el presidente ha enfrentado protestas masivas desde 2019, asediado por un descontento avivado por la pandemia en un país que sufre más de medio siglo de conflicto armado.
Aunque el presidente retiró la iniciativa de reforma tributaria y el ministro de Hacienda renunció, el malestar posconflicto pareció instalarse en uno de los países más desiguales del continente, con un desempleo del 16.8 por ciento y una pobreza que alcanza al 42.5 por ciento de la población.
AESC