Una fuerte controversia se desató en Chile tras la arremetida de senadores afines al presidente Sebastián Piñera que buscan incluir entre los favorecidos por un proyecto de ley que pretende que unos mil 300 presos comunes para que continúen sus condenas bajo arresto domiciliario los criminales de lesa humanidad para evitar el contagio con el coronavirus.
“En estricto rigor podrían salir todos en libertad”, dijo a Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Detenidos Desaparecidos, en alusión a unos dos centenares de reos distribuidos en dos cárceles especiales para violadores a los derechos humanos.
“La vejez no borra la barbarie que ellos cometieron”, dijo Roberto Márquez, folclorista y activista de derechos humanos durante una rueda de prensa en línea junto a Pizarro.
La dictadura del general Augusto Pinochet dejó poco más de 40 mil víctimas entre asesinados, torturados y desaparecidos durante un cruento régimen militar que además envió a millares de opositores al exilio, sin contar a los que optaron por emigrar porque sus vidas corrían peligro.
El presidente Piñera defendió que el proyecto de ley que busca que presos de avanzada edad accedan al arresto domiciliario para descongestionar las prisiones ante la pandemia del coronavirus incluya también a condenados por crímenes de lesa humanidad.
“Yo creo que una persona que está condenada por crímenes de derechos humanos o crímenes de cualquier naturaleza, que se está muriendo, que le quedan semanas de vida, yo creo que debiésemos darle el beneficio que se muera en su casa. Yo creo que tienen derecho a una muerte con dignidad, todos tenemos derecho a una muerte con dignidad", añadió.
La presión de la mayoría de los legisladores conservadores llevó al presidente Sebastián Piñera a reactivar un proyecto de “ley humanitaria”, paralizado hace dos años en el Congreso, que busca enviar a sus domicilios a los violadores a los derechos humanos mayores de 75 años y a los enfermos con patologías terminales.
Covid-19 en Chile
En Chile la pandemia ya contagió a 4 mil 800 personas, convirtiéndolo en el segundo país con más infectados en la región después de Brasil.
Prisiones "privilegiadas" para los violadores a derechos humanos
Los criminales de lesa humanidad viven en Colina I y en Punta Peuco, dos amplias cárceles exclusivas para ellos, donde no existe ningún grado de hacinamiento, con acceso a televisión, y a jardines con algunas carpas que los cubren del sol cuando, en ocasiones, realizan asados junto a sus familiares.
La senadora de oposición, Yasna Proveste, dijo que “no podemos dejar espacio para que aquellos que fueron condenados por delitos de lesa humanidad tengan posibilidad alguna de acogerse a un indulto por cualquier sea su naturaleza”.
“En Punta Peuco no hay riesgo de contagio de coronavirus porque las condiciones son bastante privilegiadas”, afirmó el senador opositor Jaime Quintana.
En el penal de Puente Alto, una barriada pobre en la periferia sur de la capital chilena, hay seis presos comunes contagiados y varios más esperan el resultado de sus exámenes. La semana última, decenas de reos protestaron al interior de la cárcel, mientras decenas de sus familiares se manifestaban en la calle.
El proyecto fue aprobado, pero como no contaba con sanciones para quienes infringieran el arresto domiciliario, Piñera envió un veto aditivo para agregarlas, que es rechazado por la mayoría de los senadores oficialistas. Además, habrá que esperar el pronunciamiento del Tribunal Constitucional.
dmr