Grupo de CIDH indagará la violencia en Nicaragua

Cuatro expertos en derechos humanos comenzaron una misión de al menos seis meses en Nicaragua, donde se comprometieron a “buscar la verdad” y trabajar por las víctimas de la violencia que estremece al país desde hace más de dos meses.

Así lo informaron el italiano Amérigo Incalcaterra, la peruana Sofía Macher, la guatemalteca Claudia Paz y Paz y el argentino Pablo Parenti, al ser presentados este martes en rueda de prensa como miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI).

“Nuestro compromiso es con las víctimas (y) con la búsqueda de la verdad más allá de quiénes sean los perpetradores”, afirmó Incalcaterra. Dijo que tienen previsto reunirse con funcionarios del gobierno del presidente Daniel Ortega, con activistas de derechos humanos y con familiares de víctimas.

El GIEI fue instalado formalmente por el titular de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, Paulo Abrao, y la relatora especial para Nicaragua, Antonia Urrejola, que propusieron la creación de esa instancia tras visitar por primera vez el país en mayo.

Los miembros del GIEI aclararon que su misión será investigar denuncias de violaciones humanitarias y ayudar a resarcir a las víctimas, pero no tienen autoridad para pedir el cese de la violencia o la disolución de los grupos paramilitares afines al gobierno.

Informaron que investigan denuncias de un supuesto traslado de detenidos del cuartel policial de El Chipote, en Managua, a la cárcel Modelo, la mayor del país, y anunció que pedirán autorización para visitarla.

La crisis en Nicaragua inició el 18 de abril y se agravó tras el rechazo de la población a la violenta acción de la policía y fuerzas paramilitares, que según la CIDH ha dejado al menos 212 muertos y la independiente Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos cuenta 309. De este total, 297 son civiles y 12, policías, dijo a la prensa su titular Álvaro Leiva.

Añadió que al menos 253 víctimas, en su mayoría jóvenes, fueron heridos mortalmente por armas de fuego, y 25 eran menores de 17 años.

El organismo reporta también más de mil 500 heridos, algunos de los cuales presentan lesiones con daños permanentes.

La crisis se inició el 18 de abril con una protesta estudiantil en Managua, pero se agravó por el rechazo de la población a la violenta acción de la policía y de fuerzas paramilitares contra manifestantes civiles desarmados.

Mientras, varios cientos de policías y paramilitares disolvieron a tiros varios retenes (“tranques”) de estudiantes y campesinos en La Trinidad (norte) y Jinotepe (sur), con saldo de un número no determinado de heridos, informó Salvador Marenco, del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh, independiente).

Cuatro sacerdotes que viajaron desde la ciudad de Estelí para intentar mediar fueron retenidos por paramilitares, dijo uno de ellos, Eugenio Rodríguez. “Queríamos evitar un derramamiento de sangre pero no nos permitieron pasar. Nos insultaron, nos agredieron verbalmente”, relató. “¡Que se detenga la represión y prevalezca la razón y el respeto a la vida humana!”, tuiteó el obispo católico Silvio Báez.

La vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo, dijo que “el trabajo más importante es por la convivencia pacífica”, aunque los analistas aseguran que la pareja presidencial es la que ha boicoteado el diálogo.