El ex presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, encarcelado desde abril de 2018, llamó en una entrevista al actual mandatario Jair Bolsonaro “enfermo” y lo cuestionó por sus políticas pro armamento.
Bolsonaro “es un enfermo que cree que el problema de Brasil se resuelve con armas; el problema de Brasil se resuelve con libros y con escuelas”, dijo el líder de izquierda, quien cumple una pena de ocho años y 10 meses de cárcel, acusado de corrupción.
Las palabras surgen al cierre de una semana marcada por un nuevo decreto firmado por el mandatario brasileño, quien concede el derecho a camioneros, abogados, políticos y otros gremios a portar un arma de fuego; considerado por especialistas como inconstitucional y promotor de más violencia. El texto enfrenta cuestionamientos ante la justicia que podrían dejarlo sin efecto.
Exaltado, Lula dijo que espera que Bolsonaro “aprenda, por el bien de Brasil”, a guiar al país. “Él corre atrás del hijo para apagar un incendio por día. No sé cómo funciona la familia, no voy a especular, pero lo que se presenta públicamente está fuera de control”, sostuvo.
El ex presidente de 73 años hizo estas declaraciones en la segunda entrevista que ofrece desde que fue detenido el 7 de abril de 2018, después de ser autorizado por el Supremo Tribunal Federal (STF) a hablar con los medios. Una primera parte de la conversación fue publicada hace una semana.
Lula fue acusado de haber aceptado un apartamento tríplex en Guarujá (litoral del estado Sao Paulo) concedido por constructoras para obtener contratos en Petrobras.
El 23 de abril, un tribunal de apelaciones en Brasilia redujo su condena de 12 años y un mes de cárcel a 8 años y 10 meses.
Ese fallo podría permitirle beneficiarse, en los próximos meses, según juristas, de un régimen semiabierto; sin embargo sobre él pesa otra condena en primera instancia, y otras causas en la justicia.
Por lo pronto, la defensa del ex mandatario informó ayer que solicitó a la justicia que el político pueda salir de la delegación de la Policía Federal en la ciudad de Curitiba, donde cumple su sentencia, y pase a un régimen abierto.
El pedido también impugnó la sentencia de cárcel, que en abril pasado el Superior Tribunal de Justicia (STJ) redujo de 12 años y un mes a ocho años y 10 meses, informó la Agencia Brasil de noticias.
En el recurso, los abogados Cristiano Zanin y Valeska Teixeira sostienen que el tribunal dejó de analizar algunas tesis de la defensa, según la cual, el ex presidente no practicó ningún acto ni recibió ninguna ventaja indebida para beneficiar a la empresa OAS, responsable de la construcción del inmueble.
También, la defensa solicitó que se garantice a Lula el derecho de cumplir el resto de la pena en régimen abierto, pues aunque “no practicó ninguno de los crímenes aquí imputados”, la defensa “tiene el deber ético de buscar, por todos los medios legales, la libertad del patrocinado bajo todos los aspectos viables”.
En la solicitud presentada, los abogados agregaron que Lula, quien cumplió un año y un mes en prisión, tiene derecho al régimen semiabierto, es decir, que el preso pueda salir de día a trabajar, y retorne al penal por las noches; sin embargo consideró que la sede policial no es adecuada para ello.
El régimen abierto, que pide la defensa, supone que el ex presidente pueda salir de día y que esté obligado a retornar a su domicilio de noche, aunque los abogados insistieron que seguirán reclamando la absolución de Lula.
Y ADEMÁS
JUEZ ORDENA AL MANDATARIO EXPLICAR DECRETO
Una juez de la Corte Suprema de Brasil, Rosa Weber, dio cinco días al presidente ultraderechista Jair Bolsonaro para explicar su decreto que autoriza a millones de brasileños a portar armas cargadas en espacios públicos, algo inconstitucional según los críticos. La orden de la juez fue emitida después de que un partido opositor, Rede Sustentabilidade, impugnara la constitucionalidad de la decisión de Bolsonaro.