Lula da Silva, sin derecho a voto, declara un tribunal

La Justicia brasileña negó ayer un nuevo recurso para que el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, encarcelado por corrupción, pueda votar en las elecciones del próximo domingo, confirmó su asesoría.

La defensa del líder del Partido de los Trabajadores (PT) apeló ante el Tribunal Regional Electoral del estado sureño de Paraná, que ya había resaltado la “imposibilidad técnica” de instalar urnas en la sede de la Policía Federal de la ciudad de Curitiba, donde Lula purga una condena de doce años de prisión por lavado de dinero y corrupción pasiva desde el pasado 7 de abril.

El Tribunal Superior Electoral establece un número mínimo de 20 electores para la instalación de urnas en las cárceles de Brasil, que este domingo celebrará los comicios presidenciales, legislativos y regionales.

Al estar inhabilitado por la justicia, el ex mandatario brasileño designó a Fernando Haddad como su sustituto para contender por la presidencia.

El ex alcalde de Río de Janeiro, quien figura segundo en los sondeos con 23 por ciento de apoyos, nueve puntos porcentuales menos que el candidato ex militar ultraderechista Jair Bolsonaro, quien lidera con 32 por ciento, según el estudio revelado el martes por la encuestadora Ibope.

Si ningún candidato alcanza una mayoría absoluta en la votación del domingo, los dos con más sufragios disputarán una segunda vuelta el 28 de octubre.

En este sentido, Haddad atribuyó su estancamiento en los sondeos de las presidenciales a las fake news que se propagan en cadenas de whatsapp.

En Sao Paulo, el candidato del PT denunció “un juego bajo” en su contra y apuntó como principal sospechoso al ex militar, porque los mensajes tendrían “gran parecido con lo que [Bolsonaro] dice”, y habilitó una línea telefónica para atender denuncias de noticias falsas.

El PT indicó en que recibió más de cinco mil denuncias en menos de 12 horas. Citó como ejemplos “noticias absurdas” sobre planes de persecución de iglesias, de confiscación de ahorros o de apropiación de niños por el Estado.