El presidente Daniel Ortega acusó a la Iglesia católica de Nicaragua de "ser parte de un plan golpista" para derrocarlo, lo que según dijo "descalifica a los obispos" para mediar en el diálogo nacional que busca la salida a la peor crisis que vive el país en las últimas cuatro décadas.
"Yo pensaba que los obispos eran mediadores, pero estaban comprometidos con los golpistas, eran parte del plan golpista (...) era un golpe de Estado lo que querían provocar en Nicaragua", dijo Ortega ante miles de simpatizantes que asistieron al acto partidario del 39 aniversario de la revolución.
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"Me dolió que mis señores obispos tuvieran esa actitud de golpistas y ahí mismo se descalificaron como mediadores y testigos", agregó Ortega en un discurso cargado nuevamente de epítetos en contra de los manifestantes opositores, a quienes además atribuyó todos los actos de vandalismo y crímenes ocurridos en tres meses de protestas.
El diálogo nacional con mediación de los obispos comenzó a mediados de mayo, pero no tuvo mayores avances y quedó estancado hace varias semanas por falta de consenso de una agenda avalada por los obispos.
La oposición exige la salida del Ortega del poder, el adelanto de elecciones anticipadas de 2021 a marzo de 2019 y la renovación de los poderes judicial y electoral, bajo dominio oficialista.
"La Iglesia no sufre por ser calumniada, agredida y perseguida. Sufre por quienes han sido asesinados, por las familias que lloran, por los detenidos injustamente y por quienes huyen de la represión. Rezamos y estaremos a su lado siempre en nombre de Jesús", tuiteó en respuesta monseñor Silvio Báez, considerado el obispo más crítico al gobierno en la Conferencia Episcopal.
Dando por superado el conflicto, Ortega agregó que ahora hay que "restablecer la paz, hacer un esfuerzo enorme por recuperar la economía y creer comités de autodefensa" en todo el país en apoyo del gobierno.
El mandatario acusó además a los manifestantes de "poseer armas de guerra" con las que supuestamente asesinaron a "centenares de sandinistas". No obstante, el gobierno solo ha reconocido 49 fallecidos en los últimos tres meses.
Los organismos de derechos humanos han denunciado que la violenta acción policial y paramilitar ha cobrado la vida de más de 350 personas, la mayoría jóvenes estudiantes y manifestantes opositores.
Durante el acto, su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo hizo alusión a quienes se manifiestan contra el gobierno calificándolos una vez más de "satánicos" y "golpistas".
Añadió que su gobierno está "en el deber de restaurar la paz" en el país "frente a tanto rito satánico, frente a tanto corazón ciego, frente a tanta malignidad y a una práctica siniestra desconocida en Nicaragua".
Murillo destacó que al acto partidario que conmemora el 39 aniversario del derrocamiento de la dictadura de Anastasio Somoza, en 1979, asistieron representantes de todos los poderes del Estado, así como miembros de las cúpulas del ejército y la Policía, además de delegados de Cuba y Venezuela, entre otros.
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