El ex presidente de Colombia Álvaro Uribe cuestionó este domingo la decisión de la justicia que se negó a archivar su caso por presunto soborno y manipulación de testigos y en cambio allanó el camino para enjuiciarlo.
"(Hay) evidencias que acreditan que nunca ordené buscar testigos sino corroborar información que me llegaba. Que jamás tomé la iniciativa de ofrecer un beneficio… ni pasó por mi mente pedir que mintieran o ocultaran la verdad. Que no es cierto que haya pretendido engañar a la justicia", dijo Uribe en una declaración virtual desde su hacienda.
El miércoles una jueza rechazó el pedido de la fiscalía para archivar el caso que involucra al ex mandatario y ex senador de 69 años. La decisión de primera instancia puede ser apelada por la defensa de Uribe, quien gobernó entre 2002 y 2010 con una política de seguridad de mano dura tan aplaudida como criticada.
El peso político y popularidad del ex mandatario, jefe del partido en el poder y mentor del actual presidente Iván Duque, hacen que su caso trascienda el ámbito jurídico y más cuando resta un mes para las elecciones presidenciales del 29 de mayo.
Si finalmente un tribunal superior acoge el dictamen de la jueza, Uribe deberá ir a juicio y eventualmente podría ser condenado a prisión por dos delitos relacionados (soborno y fraude procesal) y que en Colombia son castigados con unos ocho años de cárcel.
Opositor del proceso de paz con la ex guerrilla FARC, Uribe no solo es el jefe del Centro Democrático (en el poder desde agosto de 2018), también fue el senador más votado y protagonista en las campañas electorales desde que dejó el poder. Aunque su apoyo ha mermado, según sondeos.
"En medio de las dificultades seguiré con el escrito de mi versión sobre este proceso que ha contribuido a expropiar mi reputación injustamente", concluyó el ex presidente.
Presencia judicial
Uribe, señalado en varios frentes de vínculos con narcos y paramilitares, terminó enredado en un giro insospechado de la justicia. En 2012 presentó una denuncia contra el senador de izquierda Iván Cepeda por un supuesto complot en su contra apoyado en testimonios falsos.
Uribe sostiene que Cepeda, uno de sus mayores adversarios políticos y testigo en su proceso, contactó a ex paramilitares presos para que lo involucraran en actividades criminales de los grupos de ultraderecha que combatieron a sangre y fuego a las guerrillas izquierdistas.
Ambos bandos cometieron violaciones de derechos humanos en medio del conflicto que desde hace seis décadas desangra a Colombia, y que Uribe intentó sofocar sin éxito mediante una política de abierta confrontación.
Pero la Corte Suprema se abstuvo de enjuiciar a Cepeda y, en su lugar, comenzó a investigar al ex gobernante en su calidad de parlamentario en 2018. Los magistrados concluyeron que Uribe trató de manipular testigos para desacreditar a su opositor.
El tribunal fue más allá y en agosto de 2020 ordenó el arresto domiciliario del expresidente mientras avanzaba en su investigación.
Uribe, que cuestionó a la Corte Suprema por supuesto sesgo político, logró zafarse de esa jurisdicción al renunciar al escaño que ocupaba en el Senado desde 2014. Su expediente pasó entonces a un tribunal ordinario, que levantó la orden de reclusión que pesaba sobre Uribe.
La fiscalía asumió la investigación y el año pasado planteó a la justicia el archivo del caso por considerar que no había delito. No obstante, la jueza desestimó los argumentos del fiscal Gabriel Jaimes y dio paso al posible enjuiciamiento del ex mandatario.
RM