Este sábado entró en vigor la ley antimigrantes de Florida, la cual fue promulgada en mayo por el gobernador Ron DeSantis. El decreto castiga con severidad a los migrantes indocumentados, así como a quienes los ayuden.
La Ley SB1718 refuerza el programa de reubicación de migrantes y limita los servicios sociales para los migrantes que carecen de estatus legal permanente.
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DeSantis ha hecho del endurecimiento de las leyes antimigración de Florida una prioridad, ya que critica la política fronteriza federal y adopta una postura de extrema derecha orientada a los votantes primarios republicanos.
"Nos estamos preparando para algunos tiempos turbulentos por delante", dijo DeSantis en una ceremonia de firma de proyectos de ley en Jacksonville, y agregó: "Es probable que lo vea empeorar mucho".
¿Qué dice la ley antimigrante de Florida?
Entre las medidas anunciadas para asegurar "el control operativo" de la frontera están mantener detenido a todo el que cruce "ilegalmente" hasta la fecha de su audiencia y hacer que los solicitantes de asilo permanezcan en México hasta que se procese su solicitud.
Deportar a los que sobrepasen el tiempo para permanecer en Estados Unidos que marca su visa y anunció que aumentará el salario de los agentes de la Patrulla Fronteriza y ordenará una campaña de reclutamiento dirigida a exmilitares y policías para puestos en los organismos de aduanas y fronteras e inmigración.
Otros de los puntos del plan de DeSantis son gravar con impuestos las remesas de extranjeros en situación irregular y fortalecer y hacer cumplir E-Verify, un programa que obliga a las empresas a informar del estatus migratorio de sus empleados.
También planea prohibir la libertad condicional en casos relacionados con la migración, deportar a los delincuentes extranjeros, retirar fondos y procesar a las entidades que ayuden o conspiren para violar las leyes migratorias de Estados Unidos y buscar que el Congreso fortalezca las sanciones por trata de personas, contrabando y reingreso ilegal recurrente.
Además, amplía los requisitos para que las empresas con más de 25 empleados usen E-Verify, un sistema federal que determina si los empleados pueden trabajar legalmente en los Estados Unidos.
Prohíbe a los gobiernos locales proporcionar dinero a organizaciones que emiten tarjetas de identificación a migrantes que carecen de estatus legal permanente en el país e invalida las licencias de conducir de fuera del estado en poder de personas que viven ilegalmente en el país.
Otra disposición requiere que los hospitales que aceptan Medicaid incluyan una pregunta de ciudadanía en los formularios de admisión, que los críticos han dicho que tiene la intención de disuadir a los migrantes que viven ilegalmente en Estados Unidos de buscar atención médica.
Con información de EFE y AP
LG