El papa Francisco publicó ayer tres documentos para prevenir, combatir y procesar ante la justicia a quienes cometan abusos sexuales contra menores en instalaciones del Vaticano y en otras instituciones de la Iglesia Católica en el mundo.
Se establece la obligación de denuncia inmediata cuando se tenga noticia del abuso bajo pena de multa o cárcel y la ampliación de la prescripción de estos delitos hasta que la víctima cumpla los 38 años, difundió la agencia de noticias Aciprensa.
El Vaticano difundió el contenido de la Carta Apostólica en forma motu proprio sobre la protección de menores y de personas vulnerables, junto con una ley para el Estado Vaticano y unas “líneas guías” para su aplicación.
“La tutela de menores y de personas vulnerables forma parte integrante del mensaje evangélico que la Iglesia y todos sus miembros están llamados a difundir en el planeta”, escribió el pontífice en el inicio de su Carta Apostólica.
Por primera vez, la ley ofrece una definición explícita de “personas vulnerables”, que tienen derecho a las mismas protecciones que la institución eclesiástica ofrece a los menores.
Según la nueva definición vaticana, una persona vulnerable es aquella que esté enferma o sufra una deficiencia física o psiquiátrica, no pueda ejercer su libertad personal y tenga una capacidad limitada para entender u oponerse a un delito.
Francisco enfatizó que “desea reforzar aún más el marco institucional y normativo para prevenir y combatir los abusos contra estos grupos” en la Iglesia.
Subrayó que el objetivo es que en la Curia Romana y en el Vaticano haya “una comunidad respetuosa y consciente de los derechos y necesidades de los menores y de las personas vulnerables”, que conlleve a que “se madure en la conciencia del deber de señalar los abusos ante las autoridades competentes”.
El documento puntualiza la necesidad de que “se reconozca a aquellos que afirman haber sido víctimas de explotación, de abusos sexuales o de maltrato, así como a sus familias, el derecho a ser acogidos, escuchados y acompañados”.
Para ello, considera relevante que “se ofrezca a las víctimas y a sus hogares una sanación pastoral además de un adecuado apoyo espiritual, médico, psicológico y legal”.
Y por consecuencia que “se expulse de sus encargos al condenado por haber abusado de un menor o de una persona vulnerable y, al mismo tiempo, que se le ofrezcan las medidas adecuadas para su rehabilitación psicológica y espiritual, con el objetivo de su reinserción social”.
En tanto, “las líneas guías” es un documento que señala cómo comportarse ante estos casos, y que está dirigido a los pocos religiosos que se encargan de las dos parroquias presentes en el estado pontificio, pero que sirve de ejemplo de lo que se debería adoptar en el resto de Conferencias Episcopales de todo el mundo.
Estos documentos se publican a más de un mes de la clausura del Encuentro sobre Protección de Menores, evento en el que se anunciaron una serie de normativas y códigos legales destinados a proteger y prevenir los abusos.
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