El gobierno del presidente de Argentina, Javier Milei, se echó atrás en su intento de flexibilizar los límites a la venta de tierras a extranjeros, un asunto que ha generado fuerte controversia en el país suramericano.
El bloque oficialista en la Cámara de Diputados consiguió el aval para tratar próximamente en la Cámara Baja un proyecto que reasegura la vigencia de los límites establecidos por la Ley de Tierras Rurales, aprobada en 2011 y derogada por el actual Ejecutivo tras su asunción.
El objetivo del oficialismo es evitar que la oposición logre anular un decreto firmado en 2023 por Milei mediante el cual derogó la Ley de Tierras y otras decenas de normas como parte de su plan ultraliberal de desregulación de la economía.
Aquel decreto fue rechazado por el Senado en marzo de 2024 y ahora podría quedar anulado definitivamente si los bloques opositores del peronismo y de la izquierda logran los votos necesarios en una sesión convocada para este 15 de octubre en la Cámara de Diputados.
La sesión se celebrará en medio de movilizaciones convocadas por colectivos que se oponen al decreto de Milei, que protestarán en simultáneo a una marcha organizada por estudiantes y profesores universitarios.
Si la oposición logra anular el decreto, perderán validez decenas de disposiciones que afectan no solo a la compra de tierras, sino también a operaciones de comercio exterior, alquileres y muchas otras actividades económicas, lo que podría abrir conflictos múltiples que el Gobierno quiere evitar.
Idas y vueltas de una iniciativa polémica
La derogación de la Ley de Tierras decretada por Milei había quedado en suspenso por una medida cautelar dictada por un tribunal de alzada en marzo de 2024.
Ante esto, el Gobierno impulsó en el Congreso el proyecto de ley de "inviolabilidad de la propiedad privada", que incluía un capítulo sobre flexibilizaciones a los límites impuestos en la Ley de Tierras.
Pero cuando el proyecto llegó al Senado en agosto de este año, el capítulo de tierras fue eliminado de la iniciativa original por el fuerte rechazo que generó entre los bloques opositores.
Tras el retiro de ese capítulo, el proyecto fue aprobado por el Senado y girado para su discusión en la Cámara de Diputados.
El pasado 29 de septiembre, la Corte Suprema revirtió el fallo judicial de marzo de 2024, avalando así la derogación de la Ley de Tierras.
Ante esto, la oposición impulsó la anulación definitiva del decreto presidencial de 2023 en la totalidad de sus 366 artículos, que se tratará este jueves.
Este escenario y la convocatoria de una gran movilización popular han llevado al Ejecutivo a resignar su idea de dar más libertad a los extranjeros para la compra de tierras para preservar así el resto de los artículos del decreto.
LG