La Corte Suprema de Estados Unidos anunció que analizará las políticas del presidente Donald Trump que desviaron cientos de millones de dólares para la construcción de un muro en la frontera con México y que han enviado a ese país y a América Central a decenas de miles de personas que buscaban asilo.
Las audiencias sobre estos casos probablemente tendrán lugar después de que el Senado confirme a Amy Coney Barrett como novena jueza del Supremo, con lo que habrá una mayoría de 6 jueces conservadores frente a 3 progresistas en esa corte.
Los jueces escucharán los argumentos de una apelación del gobierno de Trump contra la decisión de tribunales inferiores que declararon ilegal la transferencia de fondos para la construcción del muro, así como el caso de las personas que llegan a la frontera sur del país solicitando asilo y son enviadas de retorno a México y América Central a la espera de las audiencias sobre sus casos.
El programa, llamado Protocolos de Protección al Migrante, sigue en vigor porque la Corte Suprema congeló en marzo la decisión de la corte inferior de bloquear la política en espera de que se resuelva la disputa.
Trump ha dicho que la política de “permanecer en México”, que entró en vigor en enero de 2019, ha reducido el flujo de migrantes de América Central a Estados Unidos.
La restricción de la inmigración tanto legal como ilegal ha sido un tema central de la presidencia de Trump, quien ha tratado de reducir las solicitudes de asilo mediante una serie de cambios en las políticas y las normas.
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Grupos de defensa de la inmigración y 11 solicitantes de asilo que huyeron de la violencia en El Salvador, Guatemala y Honduras y que fueron devueltos a México después de entrar en Estados Unidos presentaron una demanda para impugnar la legalidad de la medida federal.
La política de “quedarse en México” es una de las medidas que Trump ha adoptado para tratar de impedir la migración en gran escala desde América Central y otros países a través de la frontera entre Estados Unidos y México.
Su gobierno ha dicho que permitir que los miles de solicitantes de asilo crucen la frontera inundaría el sistema de migración estadounidense y dañaría las relaciones de Estados Unidos con México.