Organizaciones civiles denunciaron la violación de derechos de grupos indígenas en Perú por parte de elementos de seguridad estatal que protegen minas del sector privado en un informe.
El texto se publicó en el marco de las jornadas de la Asociación de Exploradores y Desarrolladores de Canadá sobre minería, al cual asistieron los secretarios peruanos de Economía, Energía y Minas.
En la investigación, titulada "Convenios entre la Policía Nacional y las empresas extractivas en el Perú", el organismo asegura que la Policía Nacional ha cambiado las normas respecto a las medidas de protección ambiental, además de condonar recursos a las mineras por la vía tributaria desde 1995 hasta el 2018.
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Esta relación entre las empresas extractivas y la institución pública, señalan, ha propiciado que las violaciones de derechos humanos aumenten, sobre todo en perjuicio de las comunidades indígenas que viven en las zonas aledañas a las minas.
Por esto, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, el Instituto de Defensa Legal y EarthRights International han acusado al Estado peruano de ser corresponsable de los abusos y la expansión de las actividades mineras, que resultan en un deterioro del medio ambiente.
La presencia de policías en las minas ha resultado en enfrentamientos con los grupos de activistas, quienes protestan por el crecimiento en número de tierras explotadas, puesto que exhibe una priorización de las empresas por encima de la seguridad ciudadana.
Estos organismos recomendaron al gobierno de Martín Vizcarra, presidente de Perú, que terminen con los convenios que existen con empresas extractivistas para procurar un mejor desarrollo de los derechos y las libertades, así como la creación de políticas públicas que prevengan el acoso y la violación de los derechos de los activistas y defensores del medio ambiente.
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