La relatora especial de las Naciones Unidas para la independencia de jueces y abogados, Margaret Satterthwaite, alertó al Consejo de Derechos Humanos y a los Estados miembros de las amenazas para la democracia y el Estado de derecho, sin una independencia judicial ni controles para el poder gubernamental.
Al presentar el segundo informe sobre la Salvaguardia de los Sistemas Judiciales Frente a la Democracia, ante de las Naciones Unidas, el cuál fue reunido en su 56 período ordinario de sesiones en Ginebra, se mostró que alrededor del mundo cada vez son más los gobiernos que recurren a las amenazas de estos sistemas con una constante: la captura, freno, instrumentalización y los ataques, que se han transformado en amenazas, detenciones, tortura, desaparición forzada, violación física y asesinatos.
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En su mensaje, Margaret Satterthwaite destacó que la democracia significativa requiere algo más que elecciones, y las investigaciones muestran, dijo: “la existencia de controles sobre el poder gubernamental están en declive”.
“Cada vez más, los gobiernos que llegan al poder a través de elecciones legítimas, ejercen posteriormente su poder para socavar los sistemas y derechos democráticos”, declaró en su ponencia.
En este sentido, la funcionaria internacional explicó que "lo más importante es que los sistemas de justicia defiendan el Estado de derecho, lo que requiere que los gobiernos actúen de acuerdo con el poder que les ha conferido el pueblo".
“Al hacerlo, ayudan a garantizar que la acción del Estado sea legal, constitucional y compatible con el derecho internacional de los derechos humanos y controlen las usurpaciones antidemocráticas del poder”.
Por ello, enlistó las etapas por las que atraviesan los sistemas judiciales: captura, freno, instrumentalización y ataques.
“La captura de tribunales y colegios de abogados -detalló- implica reformas que disminuyen la independencia y aumentan el control político, con el impacto de que estos sistemas ya no pueden actuar como un control eficaz del poder gubernamental", explicó.
Asimismo, reconoció las limitaciones que generan los poderes políticos al ejercer abusos de poder sobre las instituciones.
“La limitación, se produce a través de cambios legales que reducen sistemáticamente el poder de acción de estas instituciones, especialmente en relación con posibles abusos de poder por parte de los poderes políticos", añadió.
Del mismo modo, Margaret Satterthwaite expuso que existe una instrumentalización que actúa directamente sobre la justicia.
“La instrumentalización, implica abusar de los sistemas de justicia para influir o controlar al personal de justicia a través de enjuiciamientos y procedimientos disciplinarios motivados políticamente o manipulando las condiciones de servicio", dijo.
Finalmente, agregó que “los operadores de justicia individuales pueden ser objeto de ataques e injerencias, tales como menosprecio público por parte de funcionarios gubernamentales, acoso y amenazas, e incluso detención arbitraria, tortura, desaparición forzada, violación física y asesinato”.
Dichos ataques, advirtió, pueden servir como castigo, retribución o advertencia por cuestionar la legalidad de la acción gubernamental, ser opositores políticos o defender los derechos fundamentales.
“En todos los casos, el resultado es la creación de un ambiente hostil inaceptable, que paraliza y disuade a otros trabajadores de la justicia de actuar para defender la democracia y socavar el Estado de derecho”, enfatizó.
La relatora especial sobre la independencia de jueces y abogados tiene la facultad de registrar ataques a jueces, abogados y fiscales de los países miembros, así como de supervisar los avances, realizar recomendaciones concretas, e identificar vías para mejorar la independencia del Poder Judicial y de la profesión jurídica.
Durante el encuentro del consejo de derechos humanos, participaron representantes de países como Lituania, la Unión Europea, Gambia, Perú, Noruega, Chile, Armenia, Polonia, Egipto, Luxemburgo, Costa Rica, Maldivas, Francia, Argelia, Bélgica, Lesotho, Irak, Estados Unidos, China, Colombia, Irán, Países Bajos, Federación de Rusia, Malasia, Georgia, Túnez, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Albania, Timor-Leste y Togo.
JATS