DOMINGA.– La noche del 10 de agosto de 2026 la muerte cayó del cielo sobre el pueblo de San Calixto, cerca de la frontera con Venezuela. En los videos grabados ese día –mientras Abelardo de la Espriella anunciaba “grandes noticias” para el país– se ven civiles ensangrentados, sentados en una banca, heridos por esquirlas de lo que se cree fueron bombardeos del gobierno de Colombia. Uno trata de limpiarse la frente con una playera teñida de rojo.
Aquel ataque ocurrido en Norte de Santander estaba dirigido contra la guerrilla comunista Ejército de Liberación Nacional (ELN) y fue el primer testimonio visible de la “guerra sin tregua” que el nuevo mandatario de ultraderecha declaró contra los grupos armados que persisten en el país. Casi un mes después, el 4 de septiembre, la respuesta llegó de nuevo desde el cielo, esta vez sobre el batallón de Ocaña. Un enjambre de drones rasgó la noche y golpeó de lleno el cantón militar. El ataque, atribuido al ELN, dejó al menos tres muertos y tres heridos.
Bajo la sombrilla de Donald Trump, cuya administración bombardea sin mediar juicio alguno lanchas acusadas de transportar drogas en el mar Caribe, el nuevo gobierno de Colombia emprende una ofensiva contra los grupos armados que persisten pese al Acuerdo de Paz firmado en 2016 con la guerrilla de las FARC.
Y la reacción de estos grupos, en forma de zumbido de drones, parecido al de un mosquito, se ha convertido en la banda sonora de un conflicto que empieza a cambiar de forma y se acerca, cada día más, al regreso de la guerra total que Colombia vivió durante décadas.
“Los grupos armados no han entendido el nivel de zozobra y crueldad que significa para las comunidades vivir cada vez que escuchan el zumbido de un dron, y en algunas zonas ese sonido es recurrente, enloquecedor”, escribió la defensora del pueblo, Iris Marín, en entrevista para DOMINGA.
Entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2026, la entidad que dirige registró 121 ataques con drones, un aumento del 146% respecto al periodo anterior, con 21 muertos y 145 heridos, un tercio de ellos civiles. Con el nuevo gobierno, Marín advierte de “fenómenos de expansión y agravamiento de la situación en distintos territorios”, sobre todo en zonas que arrastraban conflictos complejos desde hace tiempo.
Entre estos están el Catatumbo, en la frontera con Venezuela, donde impera la guerrilla del ELN, señalada de tener su retaguardia en aquel país. Pero la lista sigue hacia el suroeste colombiano, cerca de Ecuador y a lo largo del litoral del Pacífico, donde tienen su fortín las disidencias de las FARC, que nunca se acogieron al pacto de paz o que retomaron las armas. También están el Guaviare, que es puerta de la Amazonía hacia Venezuela y Brasil, por donde pasan rutas de contrabando de armas, droga y oro por legalizar, y la Sierra Nevada, sobre el Caribe.
En este último punto es donde me encuentro ahora, a mediados de septiembre, al pie de la Sierra Nevada, el corazón del mundo para varios pueblos indígenas. Aquí todavía no se libra la batalla aérea que viven otros espacios. Pero el soplo de la guerra ya se siente de otras maneras. El 17 de septiembre, por ejemplo, el mar devolvió el cuerpo de un hombre macheteado en la playa. Se sospecha que fue víctima de “limpieza social” –asesinatos cometidos por grupos armados contra civiles acusados de no obedecer sus reglas–. Una práctica que había prácticamente quedado silenciada. Fue el tercer caso de este tipo en lo que va del año.
Días antes, un operativo acabó con la vida de Bendito Menor, un influencer de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, heredero de los paramilitares de extrema derecha también conocidos como “pachencas”. Fue “dado de baja”, como dicen acá, “por dar papaya”: por provocar al presidente en redes sociales.
Al momento en el que escribo estas líneas, el 22 de septiembre, cierran uno a uno los comercios de Santa Marta en medio del paro armado decretado por este mismo grupo irregular, luego de que la policía abatió a uno de sus cabecillas.
En la mirada de los administradores del restaurante indio al que vine a comer se lee el temor de ver entrar –como ocurrió en otras partes de la ciudad– hombres armados disparando para obligarlos a acatar la orden impuesta. “No sé cómo voy a regresar a casa”, se queja una mesera, mientras cierra con llave la puerta principal. En pocos días volvió la guerra en esta capital regional.
La “paz total” que no duró en Colombia
Lo peor es que era de esperarse. Para entender cómo se llegó hasta aquí hay que retroceder diez años. Después de décadas de guerra sin salida contra las guerrillas de extrema izquierda, los paramilitares de extrema derecha y los cárteles, Colombia logró un descenso importante en homicidios y violencia con el Acuerdo de Paz que firmó el presidente Juan Manuel Santos con las FARC en 2016: más de siete mil combatientes dejaron las armas. Pero la dicha no duró.
Durante el gobierno conservador de Iván Duque (2018-2022), el acuerdo quedó en buena medida sin implementar y el Estado no logró ocupar los territorios que la guerrilla dejó vacantes. Los grupos armados restantes volvieron a fortalecerse con el combustible inagotable del narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión.
Su sucesor, Gustavo Petro (2022-2026), pecó de optimismo al intentar negociar la “paz total” con todos los grupos armados al mismo tiempo. Cuando llegó al poder sumaban unos 15 mil integrantes; para agosto de 2026 eran más de 29 mil: el doble. Durante su gobierno, los cultivos ilícitos de coca alcanzaron las 261 mil hectáreas, con potencial para producir 70% de la cocaína mundial. Y en ningún lugar se vivió esto con tanta intensidad como en el Catatumbo, donde ocurrieron el bombardeo y el ataque de drones que narré al inicio de esta crónica.
La plaza se venía calentando desde enero de 2025, cuando el ELN lanzó una arremetida que acabó con la vida de casi un centenar de presuntos enemigos para hacerse con el control de esa franja fronteriza, repleta de cultivos de coca y rutas de contrabando hacia Venezuela. Se esperaba una respuesta del gobierno colombiano, pero esta nunca llegó. Fueron los grupos armados quienes terminaron ejerciendo el control: pusieron retenes en las vías, cobraban el “impuesto revolucionario” y hasta la cerveza que se vendía tenía que ser la suya.
Entonces la gente “se mamó”, dice un periodista local que accede a hablar bajo anonimato, en un momento en que impera el silencio en la región. “La gente no lo dijo con la voz, pero lo hizo en las votaciones” en las que resultó electo Abelardo de la Espriella con apenas un punto de diferencia sobre el candidato de Petro, Iván Cepeda. De los trece municipios del Catatumbo, históricamente controlados por la guerrilla, la ultraderecha ganó en nueve. “Eso es muy diciente”, señala el periodista.
Trump y Abelardo de la Espriella cambiaron el tablero
Entonces el tablero ya estaba cambiando por un hecho ocurrido del otro lado de la frontera: el secuestro del presidente Nicolás Maduro en enero de 2026 por un comando estadounidense en Caracas, Venezuela. Ese país quedó bajo tutela de Washington, privando al ELN del hombre señalado de ser su mayor protector, cuando el ultraderechista De la Espriella llegó al poder en Colombia.
Lina Mejía, coordinadora de derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario de la corporación Vivamos Humanos, viajó dos veces al Catatumbo en ese lapso: en marzo y julio en la antesala del cambio de gobierno.
En ambos viajes en caravanas humanitarias encontró escuelas protegidas con mallas antidrones y banderas blancas ondeando en los hogares, como si el territorio entero se declarara neutral para sobrevivir. Describe: “lugares desocupados por víctimas de confinamientos o desplazamientos múltiples”, y recuerda que en julio persistía “la sensación de zozobra, de mucho cuidado en el tránsito […] en caso de algún tipo de acción armada”. Los civiles, casi siempre, son víctimas colaterales.
A diferencia de lo ocurrido un año antes, el nuevo gobierno no esperó: Abelardo de la Espriella pasó de inmediato a la ofensiva en todo el país. Aumentaron los enfrentamientos y en consecuencia, según cifras del propio Ministerio de Defensa, en el primer mes de su gobierno –comparado con el de Petro en 2022–, los desplazamientos de civiles también lo hicieron en 31% y los actos terroristas se dispararon 250%, de 24 a 84. La policía, curiosamente, recibió menos ataques: -50%. En tanto que el Ejército, en cambio, pareció convertirse en el principal blanco: los atentados contra sus efectivos aumentaron 172%.
Para el analista en conflicto armado Diego Arias, los carros bomba y los drones que usa el ELN, sobre todo en el Catatumbo, “producen bajas, hacen daño, muestran activas a estas guerrillas”, pero “en verdad, en términos de la guerra, realmente no cambian nada significativo” en un momento en que el ejército lleva a cabo su ofensiva. Lo que sí dibujan, en cambio, es el mapa de un país en el que la inseguridad se aplaca a la fuerza en las ciudades mientras se incendia el campo.
De nuevo y a pesar de encontrarnos en una época hiperconectada, se impuso el silencio en las regiones más alejadas, como si no existiera internet. Al silencio de las fuentes locales, temerosas de represalias, se sumó una directriz del gobierno que prohíbe a los funcionarios dar entrevistas sin su consentimiento previo –algo que ya empieza a repetirse como modus operandi entre los gobiernos de extrema derecha de la región–. Pero la guerra no se libra sólo con fusiles. A principios de septiembre, De la Espriella –que en su anterior vida de abogado defendió a paramilitares y mafiosos– se grabó caminando entre cadáveres de presuntos disidentes de las FARC embolsados en el Guaviare, donde también recrudece la confrontación entre facciones de la guerrilla.
Antes de que volvieran los tambores de guerra, estuve en el Guaviare, el Pacífico y el Catatumbo. Allí el control armado nunca cesó, pero se había hecho más discreto –con grafitis pintados en las paredes e interdicciones de circular con casco o con vidrios arriba–. Hasta que los grupos irregulares se envalentonaron y los ciudadanos más viejos –los jóvenes votaron en mayoría por la izquierda– optaron por el que prometía darles más duro.
En medio de este caos, algunos todavía claman por la paz. Sorprendió el caso de Walter Mendoza, uno de los jefes de la Coordinadora Nacional guerrillera del Ejército Bolivariano, que envió una carta al gobierno pidiendo retomar las negociaciones de paz entabladas con su antecesor “para parar la guerra”. Su abogada, Angélica Martínez, dijo a DOMINGA que la petición se hizo “con el fin de que sean las víctimas del conflicto armado el centro de la paz, donde puedan ser reparadas, tener la reconstrucción de la verdad histórica durante el conflicto, tengan restitución de sus derechos y puedan escuchar un perdón público por parte de los victimarios”.
Pero, de momento, la única respuesta oficial conocida es el anuncio del Ministerio del Interior sobre el alistamiento de una ley de sometimiento para los grupos armados: algo muy distinto a los diálogos que condujeron a las FARC a abandonar las armas en 2016 e implicaron un acuerdo político, un sistema de justicia transicional y la posibilidad de que los antiguos combatientes se incorporaran a la vida política mediante el partido Comunes.
Una vieja historia
Paradójicamente, para un país que cambia tan rápido, la historia parece repetir un guión conocido. Desde que Washington declaró en los años setenta su primera guerra contra las drogas y las guerrillas –y sobre todo desde que empezó a financiarla mediante el Plan Colombia, en los años 2000—, Colombia ha pagado con sangre ese vínculo con el país del norte.
Uno de los saldos más silenciosos de esa guerra de más de medio siglo fue la siembra de minas antipersona, artefactos escondidos durante décadas por los grupos armados para frenar el avance del ejército, de sus rivales o controlar un territorio. El mal se extendió tanto que buena parte del país terminó convertida en un campo explosivo. Ahora y a medida que se detectan nuevos sembradíos de minas antipersona, los enjambres de drones –como en Ucrania o en Yemen– parecen estar además equilibrando de nuevo la balanza de un conflicto en el que la superioridad aérea le había dado durante décadas la ventaja al ejército.
Quienes hemos visitado los hospitales repletos de heridos y amputados, civiles y combatientes, que a menudo deambulan por las calles, conocemos las consecuencias de esa guerra. Por eso esta escalada hace temer el regreso de un flagelo que creíamos haber dejado atrás con los acuerdos de 2016.
Y todo esto ocurre bajo un paraguas más amplio: la “guerra contra el narcoterrorismo" que impulsa Donald Trump en la región bajo el llamado "Escudo de las Américas": un disfraz penal para una propuesta política en la que Washington bombardea en el Caribe y el Pacífico –sin pruebas ni juicios– a embarcaciones acusadas de transportar droga hacia el país que más la consume en el mundo, a la vez que lleva a cabo una abierta batalla cultural contra la izquierda.
Diecinueve países del continente ya se han unido al grupo. En ese conflicto, como en el resto del continente, las afectaciones a los civiles no parecen estar en el centro de las preocupaciones de los tomadores de decisión, que nunca mandan a sus hijos a pelear al frente.
GSC