Pedro Castillo Terrones, un maestro de escuela rural y campesino, contra todo pronóstico en un país tan segregado como el Perú, fue elegido presidente en 2021, el año del bicentenario de su independencia. Esa porción de peruanos que lo sentía suyo, su legítimo representante, veía su asunción al poder como una reivindicación histórica, un motivo de esperanza. Decían que nos habíamos demorado dos siglos para que un verdadero hijo de los “nadies”, de los ancestralmente oprimidos y marginados, llegara al poder a trabajar para ellos.
A Pedro Castillo Terrones le tomó solo 16 meses dinamitar esas esperanzas. Pasará a la historia nacional como uno de los presidentes menos preparados para el cargo, el más ineficiente y con una corta gestión señalada por profusos y graves cargos de corrupción.
También es el presidente que rompe el orden constitucional más efímero de la historia republicana del Perú, tan pródiga en dictadores, golpistas y sátrapas. Jaqueado por investigaciones fiscales por corrupción y por fulminantes testimonios de sus más cercanos ex colaboradores, que lo señalaban como el líder de una organización criminal, urdió un autogolpe de estado que apenas duró 88 minutos.
Una elección pandémica
La elección de Pedro Castillo fue el producto más destilado de una profunda crisis política y de los partidos en Perú. Si bien, no era la primera vez que se postulaba para un cargo de elección popular –había sido candidato a la alcaldía de su pueblo por el partido de centroderecha del ex presidente Alejandro Toledo–, el profesor rural salió del anonimato en el 2017 al liderar una prolongada huelga de maestros de escuelas públicas.
Fue el gobierno del banquero internacional Pedro Pablo Kuczynski(PPK) el que tuvo que negociar con un inflexible Castillo, que se hizo líder de la huelga desplazando al tradicional sindicato de maestros como cabeza visible de una facción sindical más radical que en más de una ocasión intentó ser coaptada por círculos ligados al Movadef, un movimiento asociado a Sendero Luminoso que pugnaba por la liberación de Abimael Guzmán y toda la cúpula terrorista como parte de un acuerdo de paz y amnistía general después de 12 años de terrorismo en las postrimerías del siglo XX. Cuando se acabó la huelga, Castillo retornó a su natal Cajamarca, una región rica en recursos mineros, pero una de las más pobres del país.
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Castillo reapareció en el 2021 como candidato a la presidencia por Perú Libre, un partido de extrema izquierda fundado por Vladimir Cerrón, un médico radical formado en Cuba que había logrado ser elegido dos veces gobernador de Junín, una importante región de la sierra central. Cerrón no pudo postularse él mismo, como hubiera querido, porque tenía una sentencia por corrupción que le impedía ser candidato. Castillo, que era invitado en ese partido, originalmente quiso postularse al Congreso, pero Cerrón lo convenció para liderar su plancha presidencial. Ni remotamente Perú Libre tenía previsto siquiera pasar a la segunda vuelta en una elección presidencial atomizada con 18 candidatos presidenciales. Una señal inequívoca de la crisis de representación política en el Perú de los últimos años.
En un país devastado por la pandemia –Perú tuvo la peor gestión de la COVID-19 con mayor número de muertos per cápita en el mundo, sin poder proveer oxígeno medicinal a los enfermos ni camas UCI para salvarlos–, Pedro Castillo significó una esperanza, básicamente para los electores del interior del país. Ganó la primera vuelta con poco menos del 19 por ciento de los votos válidos.
Pasó al ballotage con Keiko Fujimori, la candidata con más detractores por representar la herencia de su padre y haber dinamitado la estabilidad política desde el 2016, tras perder las elecciones frente a PPK. Ganó la presidencia por estrechísimo margen (40 mil votos sobre un universo de 25 millones de electores). Inició su gobierno en medio de una gran polarización en el país y con un Congreso mayoritariamente opositor elegido en la primera vuelta. La facción más recalcitrante de la oposición de derecha quiso destituirlo desde el principio alegando su incapacidad para hacerse cargo del país por cinco años. Fracasó en dos oportunidades.
El gobierno del profesor
Pedro Castillo empezó a dilapidar el caudal electoral que lo llevó a ser presidente desde antes de ceñirse la banda presidencial. En la segunda vuelta organizó a un grupo de familiares y paisanos para captar dineros que le sirvieran para costear su campaña. Recibió aportes de empresarios mercantilistas, de economías al margen de la ley como la minería ilegal, traficantes de madera y hasta del narcotráfico, en un país que es el segundo productor de cocaína en el mundo. Después lo supimos. Una parte de ese dinero lo gastó en campaña, la otra se la quedó. Pero asumió compromisos que, ya en el gobierno, fueron el inicio de su caída.
En poco tiempo destrozó el aparato público colocando a partidarios, impuestos por el dueño del partido Perú Libre, que simplemente no estaban preparados para desempeñar labores pensadas para especialistas. Desde ministros de estado hasta funcionarios de tercer nivel, pasando por sus propios asesores. En los 497 días que duró su mandato nombró 81 ministros. En promedio, cada seis días cambió a un ministro, cada cual menos preparado que el anterior.
Salvo excepciones, la mayoría de ellos no tenía currículum sino prontuario. La ineficacia de su gobierno ha roto varias marcas en un país con pocas islas de excelencia en el aparato público. Por ejemplo, no pudo comprar fertilizante químico, que no se produce en el país, para abastecer a los agricultores más pobres, hasta en cuatro intentos.
La falta de pericia y la corrupción hicieron que los agricultores sembrasen, en promedio, 30 por ciento menos que el año pasado, poniendo en peligro de este modo la seguridad alimentaria.
Fue el único presidente que nunca dio una rueda de prensa, que salía a sus visitas de trabajo acompañado de un cordón policial que impedía que los reporteros se acercaran a él. La lista de sus errores, en declaraciones o intervenciones dentro y fuera del país, es larga. La Fiscalía de la Nación lo investiga por siete casos flagrantes de corrupción en su gobierno, rápidamente descubiertos por el periodismo de investigación. Los peruanos perversamente dicen que Castillo no estaba preparado ni para robar.
Por lo menos 13 de sus cómplices, acogidos a una ley de delación colaboración eficaz, son sus principales delatores. Entre ellos están su secretario personal Bruno Pacheco, su jefe de Inteligencia José Fernández, Karelim López, una empresaria lobista que organizó su primer cumpleaños en Palacio de Gobierno, entre otros. Su ex ministro, Juan Silva, y su sobrino Fray Vásquez Castillo, ambas piezas importantes en la supuesta organización criminal que, según tesis de la Fiscalía, lideraba Castillo, están prófugos de la justicia. El primero asilado en Venezuela.
Desenmascarado como un presidente que traicionó la esperanza de los peruanos más pobres, Pedro Castillo se aventuró a dar un autogolpe de estado el 7 de diciembre, horas antes que el Congreso votara el tercer intento de sacarlo por “incapacidad moral permanente para gobernar”. El autogolpe fue el sumo de su gobierno: burdo y mal preparado. Tan malo que, cuando lo vio fracasar y decidió escapar a la embajada de México para asilarse, fue detenido en el camino por su propia guardia de seguridad policial. En su corto gobierno, Castillo demostró que no era ni comunista ni capitalista, solo un mercantilista corrompido.
aag