El gobernador y el fiscal de California, junto al alguacil de Bexar, Texas, instaron al fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, a iniciar una investigación sobre los envíos de migrantes patrocinados por el estado de Florida hacia California y Massachusetts.
El gobernador californiano, Gavin Newsom, el fiscal Rob Bonta y el alguacil Javier Salazar advirtieron a Garland que el método del estado de Florida es “diferente” a los envíos realizados por organizaciones no gubernamentales.
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“El Departamento de Justicia de Estados Unidos tiene una capacidad única para investigar casos donde, como aquí, el esquema se extiende desde Massachusetts hasta California y toca no menos de cinco estados. Solicitamos abrir investigaciones penales y civiles federales sobre estos incidentes”, dijeron los funcionarios demócratas.
Citaron informes de prensa que advierten que los reclutadores engañaron a los migrantes para que tomaran vuelos a los estados demócratas prometiendo trabajo y vivienda.
También se apoyaron en los resultados de una investigación liderada por el departamento de Salazar, la cual determinó que a los migrantes trasladados en septiembre pasado de San Antonio, Texas, a Martha’s Vineyard, Massachusetts, se les ofrecieron oportunidades de vivienda, educación y empleo.
Sobre este caso, la fiscalía de Bexar estudia si presenta cargos contra el estado de Florida con base en la investigación.
Sobre los envíos a la capital de California, un informe del periódico Los Angeles Times encontró que a los migrantes que fueron enviados en dos vuelos en junio pasado a Sacramento también se les hicieron promesas similares sobre el acceso a empleos, vivienda y otros servicios.
“Es inconcebible utilizar a las personas como apoyo político, persuadiéndolas de viajar a otro estado con base en representaciones falsas o engañosas”, puntualizaron los funcionarios, que se ofrecieron a proporcionar información adicional sobre los traslados financiados por Florida.
El Departamento de Justicia de California abrió investigaciones que pueden llevar a acusaciones civiles y penales sobre las circunstancias de los dos vuelos de junio, en los que fueron transportados más de 35 migrantes.
aag