El magistrado Alexandre de Moreaes, instructor del caso, determinó que 354 de los detenidos del atentado contra las principales sedes gubernamentales de Brasil se mantendrán en prisión preventiva con el objetivo de "garantizar el orden público".
Los detenidos y llamados golpistas enfrentan cargos por "actos de terrorismo" y "destrucción de predios públicos".
Asimismo, enfrentan cargos por los delitos de asociación criminal, abolición violenta del Estado democrático de derecho y golpe de Estado.
También les fueron imputados cargos por "amenaza, persecución e incitación al crimen", según un comunicado del Supremo Tribunal Federal.
A otras 220 personas les fue otorgada la libertad provisional bajo medidas cautelares como entregar sus pasaportes, presentarse semanalmente ante las autoridades, portar una tobillera electrónica y no abandonar sus ciudades de domicilio, entre otras cosas.
Según el STF, aún quedan 885 casos pendientes por analizar después de que miles de simpatizantes del ex presidente Jair Bolsonaro intentaran provocar un golpe de Estado contra el presidente Lula da Silva.
aag