Este jueves se cumplen ya dos meses de que el ex presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue presentado ante una corte federal del Distrito Sur de Nueva York tras ser capturado y extraído de su propia residencia en Caracas. Sin embargo, hasta ahora, el proceso se encuentra casi como al inicio y sin avances sustantivos.
La principal causa de ello son problemas que el ex mandatario venezolano ha encontrado para integrar su defensa, paso fundamental para formular su estrategia.
Primero por el intento de varios litigantes de ser admitidos en el proceso, y luego por la falta de recursos disponibles para cubrir sus honorarios. La situación ha consumido la totalidad del tiempo transcurrido.
De hecho, la semana pasada, el defensor que finalmente se quedó con la representación del ex presidente pidió al juez que considere separarlo del proceso si no recibe sus pagos. Ello luego de que el gobierno de Estados Unidos no ha autorizado la transferencia de recursos públicos desde Venezuela con los que Maduro pretende cubrir su costosa defensa.
El 26 de marzo está programada la primera audiencia de revisión del proceso que en el papel debería tener la finalidad de verificar cómo avanza la entrega y descubrimiento de la evidencia con la que el caso iría a juicio, y atender las primeras mociones o quejas sobre ello. Esa fase, sin embargo, no ha podido iniciar y es posible que la fecha cambie.
Mientras tanto, Nicolas Maduro y su esposa Cilia Flores permanecen recluidos en la cárcel metropolitana de Brooklyn bajo fuertes medidas de seguridad y aislados de otros internos que se encuentran en dicho centro, entre ellos varios ex líderes del narcotráfico en México como Ismael El Mayo Zambada o Rafael Caro Quintero.
A su vez, y de acuerdo con versiones dirigidas en algunos medios en Estados Unidos, el Departamento de Justicia continúa con las investigaciones en torno a otras figuras del régimen de Maduro, y no se descarta que haya nuevas imputaciones ante las cortes en el transcurso del año.
Accidentado arranque
Luego de la exitosa operación que fuerzas especiales de Estados Unidos desarrollaron en Caracas para extraer de su residencia a Nicolas Maduro y a su esposa Cilia Flores, estos fueron trasladados en una cuestión de horas a la ciudad de Nueva York para ser presentados ante una corte federal en Manhattan.
El 5 de enero el juez Alvin K. Hellerstein le informó a Maduro los cuatro cargos que se le imputaban, entre ellos el de narcoterrorismo, de los cuales se declaró no culpable.
En síntesis, la fiscalía lo acusó de haber utilizado su posición y poderes como presidente de Venezuela para facilitar operaciones de trasiego de drogas desde Sudamérica, pasando por México y con destino final a los Estados Unidos.
El día de la audiencia, la Corte había determinado que el ex presidente sería defendido de oficio por el litigante David Wikstrom, quien pasó horas estudiando el expediente.
Sin embargo, minutos antes de que la sesión arrancara el abogado Barry J. Pollack, famoso por haber representado al activista Julian Assange, se presentó en la Corte para solicitar la representación del ex presidente.
Un día después de la audiencia el abogado Wikstrom reclamó a la Corte los honorarios por el tiempo que invirtió en dicha representación.
El 6 de enero otro abogado privado perteneciente a una firma con sede en Washington, Bruce Fein, solicitó a la Corte autorización para ser inscrito como abogado defensor del ex presidente de Venezuela. Un día después el juez Hellerstein autorizó su nombramiento.
Pero el 9 de enero, el abogado Pollack solicitó a la Corte que se revirtiera el nombramiento de Fein argumentando que el ex presidente no había autorizado que dicho jurista se sumara al equipo de defensa. Fein respondió que, si bien no había hablado con Maduro, gente de su círculo estrecho le había requerido directamente que entrara al equipo de defensa.
El 12 de enero el juez Hellerstein decidió revocar la autorización de Fein y dejó como único abogado autorizado a Pollack. A partir de ahí el proceso tendría que haber avanzado, pero no fue así.
Problemas de dinero
El 7 de enero el abogado Pollack solicitó al departamento del Tesoro de los Estados Unidos que otorgara una licencia especial para que el Gobierno de Venezuela pudiera transferir recursos a Nicolas Maduro y, con ello, costear sus honorarios.
Dicha licencia es necesaria porque tanto Maduro como la administración venezolana están sancionados por la Oficina de Control de Activos (OFAC) del Tesoro, debido a su nexo con presuntas actividades terroristas y patrocinio de Irán.
La sanción prohíbe transferencias asociadas a esas entidades a los Estados Unidos y, a su vez, que el dinero pueda ser usado para pagar cualquier clase de servicio, incluidos servicios legales.
Dado que no es inusual que personas sancionadas por OFAC enfrenten procesos penales, el Tesoro puede dar licencia para que dicha persona use recursos exclusivamente en su defensa. Eso ya ha sucedido con capos mexicanos que deciden contratar abogados privados.
Sin embargo, en este caso en específico y según lo dicho por Pollack, el Tesoro se ha negado a conceder la licencia respectiva. El 20 de febrero el abogado envió una primera carta a la Corte advirtiendo que la defensa se encontraba prácticamente paralizada debido a que no había garantías de pago.
En una misiva firmada de puño y letra Nicolas Maduro explicó al juez que tiene derecho a que el Gobierno de Venezuela cubra los costos de su defensa. Señaló que, en ese entendido, decidió contratar al abogado Pollack pues, personalmente, él no es capaz de cubrir esos honorarios.
Además, la defensa presentó una carta del abogado de la Fiscalía General de Venezuela, Henry Rodriguez Facchinetti, en la que indicaron que estaban listos para transferir dicho recurso.
El 26 de febrero el abogado Pollack presentó una moción formal ante la corte solicitando la suspensión de todo el proceso iniciado en contra de Maduro bajo el argumento de que la ausencia de recursos le ha impedido a su cliente poner en marcha una defensa adecuada, a casi dos meses ya de iniciado el proceso.
Eso ha generado, según el abogado, un daño “irreparable” al debido proceso, por lo que la única salida posible es su anulación.
No obstante, Pollack ha dicho que en caso de que la Corte no opte por anular el caso y liberar a Maduro, él solicitará ser dado de baja de la representación del ex mandatario y que su defensa se traslade hacia un litigante de oficio.
“La medida alternativa de autorizar al abogado contratado a retirarse (y brindar al Sr. Maduro la oportunidad de solicitar un abogado designado por el tribunal) no perjudica al gobierno ni afecta la economía judicial, ya que aún no se ha producido descubrimiento alguno ni se han establecido plazos para la presentación de mociones”, indicó Pollack en su misiva.
Juez analizará defensa
Previo a la audiencia de revisión del caso programada para el 26 de marzo, el juez Alvin K. Hellerstein analizará una posible solución al problema que se ha suscitado en la defensa del ex presidente.
Una opción es que el gobierno de los Estados Unidos permita que los recursos públicos de Venezuela fluyan hacia Maduro para que este pueda costear su defensa privada. De no ser el caso, la Corte podría designar un abogado de oficio.
La solución de este tema es fundamental dado que la fiscalía necesita iniciar con el llamado discovery, como se le denomina al procedimiento a través del cual se entrega la evidencia que sustenta todo el caso a la contraparte para su análisis.
En casos catalogados como “complejos”, como el de Maduro, el discovery suele constar de miles o hasta millones de documentos, grabaciones, videos, entre otros.
Además de ello, Maduro necesita tener una defensa activa que estudie el contexto del caso y, de ser oportuno, presente recursos y mociones defensivas.
De hecho, en la audiencia inicial de apertura del proceso, Pollack había adelantado que prepararían “lluvia” de mociones, entre ellas una relacionada con la presunta detención ilegal de la que fue objeto el ex mandatario venezolano en Caracas. Nada de eso ha pasado hasta la fecha.
De acuerdo con litigantes que conocen de estos procesos en Estados Unidos, el retraso inicial en el proceso hace muy poco probable que, en caso de avanzar a juicio, este se lleve a cabo en 2026.