Miles de personas se manifestaron el miércoles en Buenos Aires, convocadas por organizaciones políticas y sociales izquierdistas, y ocuparon algunas de las vías principales de la capital de Argentina sin que los enfrentamientos con la fuerza pública pasaran a hechos de mayor violencia.
El primer desafío en las calles al presidente Javier Milei, a sus ajustes económicos y a su protocolo contra protestas terminó pacíficamente.
No hubo heridos entre los manifestantes. Varios se trenzaron en un breve choque contra efectivos de seguridad a golpes de puño y empujones en una avenida antes de iniciar su marcha hacia la Plaza de Mayo, destino final de la movilización.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, informó al finalizar la jornada que tan solo un policía resultó herido en las protestas que congregaron a tres mil personas. Dos hombres fueron detenidos.
Pero la movilización no derivó en mayores actos de violencia, pese al malestar de los argentinos convocados contra las medidas de austeridad lanzadas por el gobierno de Milei la semana pasada.
En una columna encabezada por dirigentes políticos de izquierda se escuchaba “la calle es nuestra la p... que te parió” y consignas contra el gobierno.
El operativo de seguridad, lanzado dos días antes por el gobierno para impedir bloqueos y cortes de calles, no evitó que varias arterias y vías aledañas a la Plaza de Mayo fueran campo abierto para los manifestantes.
Pero sí tuvo un efecto disuasorio entre los participantes, ya que solo la mitad de ese tradicional epicentro de protestas fue ocupado.
Muchas personas procuraron desplazarse únicamente por las veredas.
El presidente, entre tanto, monitoreaba la situación desde el departamento de la Policía, acompañado de varios funcionarios.
La gente ingresó a la Plaza de Mayo tocando bombos y cantando “unidad de los trabajadores, y al que no le gusta se jode, se jode”.
Allí, los principales convocantes de la marcha leyeron un documento en el que reclamaron que Milei ponga fin a su “plan motosierra de ajuste” y vertieron fuertes críticas al protocolo antipiquetes.
También reclamaron a las tres centrales obreras, que no participaron en la protesta, que activen un paro general.
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Luego se desconcentraron de forma pacífica.
Además de Buenos Aires, distintas protestas en contra del modelo económico ortodoxo del nuevo gobierno fueron convocadas en las provincias de Mendoza, en el oeste; en Neuquén y Río Negro, en el sur, y en la de Buenos Aires, al este.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, había advertido previamente que las autoridades estaban decididas a impedir los piquetes en la vía pública, aunque también acotó que éste era el primer día de prueba del nuevo protocolo.
"Que se manifiesten las veces que quieran, vayan a las plazas... Pero las calles no se cortan. Hoy comienza (el protocolo). No hay que esperar hoy el 100% de éxito, hay que saber que comienza un camino que es sin vuelta atrás”, aseveró la funcionaria al canal de cable Todo Noticias sobre la prueba de fuego que enfrentaba el flamante presidente Milei, un economista de ultraderecha que lidera el partido La Libertad Avanza y llegó a la política hace tan solo dos años.
A 10 días de jurar la presidencia, su plan de ajuste para atajar la inflación de más de 161% anual y enderezar la economía ha sido repudiado por políticos opositores, sindicatos, dirigentes humanitarios y organizaciones sociales que agrupan a desempleados y trabajadores precarios.
El plan incluye una devaluación del peso de más del 50%, el despido de empleados públicos, la suspensión de la obra pública y la reducción de los subsidios al transporte y a la energía con el subsiguiente aumento de las tarifas.
Eduardo Belliboni, referente del Polo Obrero (PO), uno de los principales convocantes a la marcha, afirmó a su llegada a la Plaza de Mayo que los manifestantes se toparon con "un dispositivo represivo enorme".
“Vinieron armados hasta los dientes, les pegaron a los periodistas, a manifestantes, pero logramos quebrar ese cerco represivo”, sostuvo indignado.
Manifestantes portaron carteles en contra del ajuste que rezaban “los números tienen que cerrar con la gente adentro”.
La jubilada Marta Martínez, que se encontraba situada en una vereda, dijo que fue a la marcha para defender sus derechos “que hoy son totalmente pisoteados”.
"Vengo a defender los derechos de niños y abuelos, aquellos que lo necesiten, en contra de todos los que nos están saqueando, que son los mismos que nos saquearon previamente".
“Este protocolo es una vergüenza…yo no tengo miedo; tengo 70 años. Sé que me corresponde y es mi deber porque a mis hijos quiero dejarles una patria grande”, sostuvo Martínez.
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Criminalizar el derecho a la protesta
Políticos, sindicatos y organismos humanitarios que apoyaron la marcha han denunciado ante Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que el gobierno busca criminalizar el derecho a la protesta y han denunciado que este se encuentra reconocido en la Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos.
Las movilizaciones se celebraron además en conmemoración del 22 aniversario de una protesta en 2001 en contra del gobierno del entonces presidente Fernando de la Rúa que dejó decenas de muertos a causa de la represión policial.
Buenos Aires es epicentro de protestas regulares, algunas bloqueando las calles durante días, lo que ha motivado una creciente corriente de opinión pública en contra de este tipo de manifestaciones.
Una encuesta reciente del Observatorio de Psicología Social Aplicada de la Universidad de Buenos Aires indicó que 65% de los encuestados está de acuerdo con prohibir los bloqueos. El sondeo tiene un margen de error de 1.5 puntos porcentuales.
El nuevo plan de seguridad habilita a las fuerzas federales a desalojar a quienes impidan el tránsito de personas o vehicular en forma parcial o total.
Los manifestantes no pueden cubrirse el rostro, portar palos o elementos contundentes y movilizarse con niños, lo que fue cumplido mayoritariamente durante la marcha en la capital.
Por otra parte, la policía está habilitada para identificar a aquellos que corten la vía pública, lo que implica que dejen de cobrar ayudas estatales.
El vocero presidencial Manuel Adorni defendió esa última medida y apuntó en contra de Belliboni y otros dirigentes de izquierda.
“Todas las organizaciones que están convocando a la marcha son aquellas que efectivamente actúan de intermediarias entre planes (sociales) y beneficiarios. Entendemos que detrás de eso hay un gran negocio. El Polo Obrero maneja una caja de 5 mil 461 millones de pesos (unos 663 mil dólares), siempre extorsionando o maltratando a la gente que necesita los planes", sostuvo el funcionario.
MO