La contundente derrota en las urnas del proyecto de nueva Constitución para Chile, ocurrida a principio de mes, ha llevado tanto al gobierno de Gabriel Boric como a la oposición a formar propuestas para una eventual modificación a la normativa base que se impuso tras la dictadura de Augusto Pinochet.
La situación electoral de una propuesta de Constitución Política, considerada por muchos expertos como progresista, ha puesto varias dudas sobre cuáles son las etapas que tendrán que ocurrir en esa nación.
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En las siguientes líneas te comentamos cuáles son esos niveles, qué está pasando a nivel político en Chile y cuáles son las labores del gobierno de Boric tras unos comicios por los que aprobaban el cambio a la Constitución Política.
¿Qué se viene ante la Constitución Política de Chile?
La normativa que impulsó la dictadura de Pinochet sigue vigente, luego de que casi el 62 por ciento de los votantes chilenos decidiera rechazar la propuesta, un texto redactado por una convención electa democráticamente.
El proyecto de nueva Constitución mantenía las bases en la economía chilena, pero aspiraba a consagrar un nuevo catálogo de derechos sociales en materia de salud, derecho al aborto, educación y pensiones, con énfasis medioambiental y una "plurinacionalidad" indígena.
La idea de cambiar la normativa de la dictadura surgió tras el estallido social del 18 de octubre de 2019, donde se realizaron masivas protestas contra la clase política, principalmente hacia el entonces gobierno derechista de Sebastián Piñera, provocando una crisis social que impulsaba cambios sustanciales en diversos sectores.
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Tras el resultado del plebiscito a inicios de este mes, el oficialismo y la oposición de Chile lograron el lunes pasado los primeros acuerdos para que el país sudamericano tenga una nueva constitución, sólo una semana después de que la ciudadanía rechazara el texto.
Previamente a los resultados, la oposición representada en el Congreso y que se opuso a la propuesta de nueva Constitución Política, se comprometió a promover una decena de reformas a la actual regulación base, entre ellas una para sustituir el actual Estado subsidiario por uno social de derechos.
La oposición prometió "garantizar el acceso y adecuado ejercicio" de los derechos sociales en educación, salud y vivienda, en un país donde quienes tienen dinero acceden a mejores y más rápidos servicios privados.
El Congreso aprobó el 10 de agosto una ley que rebajó los votos necesarios para reformar la Constitución heredada de los militares (de 66 por ciento a 57 por ciento), anticipándose a un posible triunfo del "Rechazo".
Las labores el gobierno de Gabriel Boric
Boric, de 36 años y que asumió la presidencia en marzo apostando al triunfo del "Apruebo" por un cambio constitucional, adelantó que para "hacer frente a estos importantes y urgentes desafíos requerirá prontos ajustes en nuestros equipos de gobierno para enfrentar este nuevo período con renovados bríos".
Una vez conocidos los resultados, que propinaron un duro golpe a su gobierno favorable al "Apruebo", el presidente Boric afirmó: "Hay que escuchar la voz del pueblo". El "malestar sigue latente" y Chile no lo puede ignorar, en referencia al estallido social de 2019.
"Encontrar un camino rápido hacia adelante beneficiaría al gobierno, que ha recibido un duro golpe de los resultados de anoche", afirmó Mariano Machado, analista de riesgos de Verisk Maplecorf.
El Congreso de Chile inició el miércoles las conversaciones para un nuevo proceso constitucional, luego de que líderes del Parlamento y de partidos políticos se reunieran este martes con el presidente Gabriel Boric en el palacio de gobierno, en Santiago.
"Hemos resuelto ponerle fecha a la convocatoria al diálogo inclusivo, incluyente, con todos los actores, para que en el Congreso Nacional se establezca un itinerario y un camino para avanzar en el anhelo de una Constitución nacida en democracia", declaró Alvaro Elizalde, presidente del Senado, tras la reunión con Boric.
La reunión citó a los presidentes de partidos políticos y a los jefes de las bancadas del parlamento. También se instalarán "instancias de diálogo" con organizaciones de la sociedad civil "para que sea la ciudadanía de Chile la protagonista de la elaboración del nuevo texto Constitucional", explicó Elizalde.
Existe un transversal consenso entre autoridades políticas y la población en que se debe comenzar un nuevo proceso constitucional.
¿Qué está pasando a nivel político en Chile?
El batacazo electoral chileno, anticipado por encuestas pero nunca por tan amplio margen, significa además una rareza en la historia de los procesos constituyentes realizados por representantes de elección popular, que suelen ser aprobados.
Más de 13 millones de electores de un total de 15.1 millones participaron en la consulta que significó un duro revés para el gobierno y un nuevo impulso para la alicaída derecha chilena, cuyo liderazgo político reapareció tan pronto se anunciaron los resultados.
En apenas ocho de los 346 distritos se impuso el "Apruebo", que sufrió derrotas difíciles de asimilar en las zonas más pobres del país, entre ellas en la Araucanía donde la población en mayoritariamente indígena, y lugares afectados por problemas del agua o la contaminación de industrias, todos temas que se habían considerado entre normas y derechos en el proyecto constitucional.
"Pesó mucho en los ciudadanos el proceso constituyente. Más que el resultado, el texto en sí mismo, lo que la gente venía evaluando mal desde varias semanas era la manera en que se había desarrollado este proceso", explicó en AFP Marco Moreno, politólogo de la Universidad Central de Chile.
Según el académico, "los excesos, las posiciones en lógicas identitarias que trataban de imponérsela al resto de la sociedad y la propia conducta de muchos convencionales, terminaron de generar una visión negativa en las personas de que si el proceso había sido malo, en realidad el texto no podía ser algo distinto", apuntó.