El gobierno de Reino Unido anunció una ampliación de los derechos de los hongkoneses portadores del pasaporte emitido para habitantes de antiguas colonias, de tal forma que en un plazo de seis años puedan solicitar ser ciudadanos británicos de pleno derecho, en un desafío frontal a Pekín por la imposición de la ley de seguridad nacional.
"Hemos examinado con atención el contenido de esta ley sobre seguridad nacional desde su publicación ayer por la noche", dijo el jefe de la diplomacia Dominic Raab ante la prensa.
Esta "constituye una violación manifiesta de la autonomía de Hong Kong y una amenaza directa para las libertades de su población", añadió.
También viola de manera "manifiesta y grave" la declaración común firmada en 1984 entre el Reino Unido y China, que allanó el camino a la retrocesión en 1997, indicó.
Como consecuencia, el primer ministro conservador Boris Johnson anunció a los diputados que el Reino Unido pondría en marcha su promesa de extender los derechos de inmigración para los habitantes del territorio.
"Es precisamente lo que vamos hacer", declaró.
El gobierno modificará las condiciones adjuntas al "pasaporte británico de ultramar", el BN(O), para hacerlas más favorables, permitiendo a sus titulares ir y trabajar en el Reino Unido y facilitando a largo plazo el acceso a la ciudadanía británica.
El número de personas que poseen el BN(O) es de alrededor 350 mil, una cifra que prácticamente se duplicó desde el inicio de las protestas en Hong Kong hace un año.
Pero otros 2.9 millones de hongkoneses -todos los nacidos antes de 1997- pueden optar a este documento.
Ayer, el gobierno británico se mostró "muy preocupado" por la polémica ley sobre seguridad promulgada por el presidente chino, Xi Jinping, pidiéndole "modificar esta decisión.
El Reino Unido devolvió Hong Kong a China en 1997, con la condición de que el territorio conservara ciertas libertades, así como la autonomía judicial y legislativa durante 50 años.
El texto aprobado el martes, tras una ola de manifestaciones por las libertades en Hong Kong, prevé castigar las actividades de secesión, "terroristas", la subversión, o las injerencias extranjeras en el territorio autónomo chino.