Tras la ejecución del británico-iraní Alireza Akbari, acusado de espionaje, Reino Unido anunció que había impuesto sanciones al fiscal general de Irán, Mohamad Jafar Montazeri.
"Al imponerle hoy sanciones, subrayamos nuestro rechazo por la ejecución de Alireza Akbari", tuiteó el ministro británico de Asuntos Exteriores, James Cleverly, sin especificar la naturaleza de las sanciones. "Pedimos al régimen (iraní) que rinda cuentas por sus terribles abusos contra los derechos humanos", agregó.
Irán anunció este sábado el ahorcamiento de un británico-iraní condenado a muerte tras ser declarado culpable de espiar para los servicios de inteligencia del Reino Unido, que advirtió que "ese acto de barbarie no quedará sin respuesta".
Alireza Akbari, de 61 años, ex alto cargo de Defensa iraní, fue condenado por "corrupción en la Tierra y por atentar contra la seguridad interior y exterior del país por pasar información de inteligencia" al Reino Unido, indicó la agencia oficial iraní de información judicial Mizan Online.
La ejecución se llevó a cabo tres días después del anuncio de la sentencia.
Según las autoridades de la República Islámica de Irán, Akbari era un "espía clave" del Servicio de Inteligencia Secreto (SIS) británico, más conocido como MI6.
El primer ministro británico, Rishi Sunak, calificó la ejecución como una acción "despiadada y cobarde".
Poco después, el Ejecutivo británico afirmó que ordenó sanciones contra el fiscal general de Irán, Mohammar Jafar Montazeri.
El gobierno de Irán convocó por su lado al embajador británico en Teherán para protestar por lo que describió como "intervenciones no convencionales", denunciando el "apoyo malicioso" que Londres dio a un "espía".
Estados Unidos se declaró "horrorizado" por la ejecución.
"Las detenciones arbitrarias, las confesiones forzadas y las ejecuciones por motivos políticos son totalmente inaceptabes y deben cesar", declaró en Washington un portavoz del Departamento de Estado.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos expresó su "preocupación" por la ejecución de personas "tras procesos judiciales viciados".
La organización de defensa de los derechos humanos Amnistía Internacional (AI) consideró por su lado la ejecución como un "atroz ataque" contra el "derecho a la vida".
LG