El gobierno de Estados Unidos ha empezado a suministrar a un grupo bipartidista de legisladores conocido como la Banda de los Ocho los documentos secretos hallados en poder del ex presidente Donald Trump, el presidente Joe Biden y el ex vicepresidente Mike Pence, según cinco personas familiarizadas con el asunto.
Desde hace meses, el senador demócrata Mark Warner, presidente de la Comisión de Inteligencia del Senado, y otros legisladores pedían al Departamento de Justicia el acceso a los documentos —o al menos a un resumen de su contenido— para que el Congreso pudiera evaluar el posible daño ocasionado a la seguridad nacional.
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El proceso comenzó hace poco, según las fuentes, que hablaron bajo la condición de anonimato por tratarse de gestiones reservadas entre el Departamento de Justicia y el Congreso. Los jefes de las comisiones han tenido acceso a ellos de manera rotativa, dijo una de las fuentes.
Un fiscal especial del departamento, Jack Smith, investiga si Trump hizo mal uso de unos 300 documentos con sello de confidenciales hallados en su finca de Mar-a-Lago, Florida, y si él o sus representantes intentaron obstruir esa investigación. Otro fiscal especial, Robert Hur, investiga si hubo retención indebida de documentos correspondientes a la época de Biden cuando era vicepresidente y hallados en su domicilio en Delaware y en su oficina de estudios previos a la presidencia. Biden ha dicho que no sabía de la existencia de los documentos en esos lugares.
Los abogados de Pence también han dicho que una pequeña cantidad de papeles fueron guardados en cajas y enviados a su domicilio en Indiana al finalizar la presidencia de Trump sin que él lo supiera.
Punchbowl News fue el primer medio que informó sobre el hecho. Unos meses previos, el gobierno dio información confidencial a los legisladores sobre los documentos, pero algunos senadores acusaron al gobierno de ocultar información y dijeron que necesitaban saber cuáles eran los materiales incautados por razones de seguridad nacional.
El Departamento de Justicia ha dicho que quiere cooperar con los reclamos de los legisladores.