La Corte Internacional de Justicia (CIJ) concluyó que Moscú violó partes del tratado contra la financiación del terrorismo por no investigar a los rebeldes prorrusos del este de Ucrania, y puntos de la convención contra la discriminación por vetar idiomas no rusos en las escuelas de Crimea, tras su anexión, a partir de 2014.
En un fallo definitivo que rechazó la mayoría de las peticiones hechas por Ucrania, la CIJ determinó que Moscú se negó a investigar el respaldo financiero a los rebeldes prorrusos del este de Ucrania desde 2014, en contra de las peticiones que le había hecho Kiev sobre esto, y también bloqueó el idioma ucraniano en el sistema escolar de Crimea.
Sin embargo, la CIJ se negó a exigir reparaciones a Moscú en este caso, como había pedido Ucrania en 2017.
Este fallo se centra en la violación por Rusia del Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo (ICSFT), y el Convenio Internacional para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (CERD). Kiev acusó a Moscú de buscar erradicar a la comunidad “multiétnica” de Crimea a través del “nacionalismo ruso discriminatorio” y de financiar la “insurrección” contra el Estado ucraniano desde 2014.
La presidenta de la CIJ, Joan Donoghue, recordó que este es un caso separado al iniciado en 2022 por Kiev, que acusó a Moscú de “manipular la noción de genocidio” recogida en la Convención sobre el Genocidio (1948) para “justificar la agresión” a Ucrania de hace casi dos años.
“La situación en Ucrania es muy diferente hoy a lo que era cuando Ucrania inició este caso en enero 2017. Las partes están ahora involucradas en un conflicto armado que ha conducido a una tremenda pérdida de vidas humanas y un gran sufrimiento humano”, explicó Donoghue, que subrayó que este caso solo se centra en la violación de artículos de la ICSFT y CERD.
Pero la jueza recordó que, ya en abril de 2017, exigió a las partes, como medida cautelar, “abstenerse de realizar cualquier acción que pueda agravar la extensión del litigio ante el tribunal o dificultar su resolución”.
Lamentó, sin embargo, que Rusia reconoció a la República Popular de Donetsk y la de Luhansk como “estados independientes” y después “lanzó lo que llamó una operación militar especial” contra Ucrania en febrero de 2022, violando las medidas cautelares.
“En opinión de la Corte, estas acciones socavaron gravemente las bases de la confianza y la cooperación mutuas y, por lo tanto, hicieron que la disputa fuera más difícil de resolver. Por estas razones, el tribunal concluye que Rusia violó la obligación contenida en la orden de abstenerse de cualquier acción que pueda agravar el litigio”, argumentó.
Asimismo, la CIJ consideró que Rusia “ha violado su obligación” con la ICSFT “al no tomar medidas para investigar los hechos contenidos en la información recibida de Ucrania sobre personas que presuntamente han cometido un delito” contra la convención que prohíbe la financiación del terrorismo.
Además, determinó que Moscú también ha violado la CERD “por la forma en la que implementó su sistema educativo en Crimea después de 2014 en lo que respecta a la educación escolar en idioma ucraniano”, es decir, al impedir idiomas no rusos en los colegios.
Kiev había exigido que Moscú que la indemnizara por los crímenes cometidos por los rebeldes prorrusos en la zona este de Ucrania, lo que incluye la tragedia del vuelo MH17, el avión de Malaysia Airlines derribado el 17 de julio de 2017, que se cobró la vida de los 298 pasajeros, en su mayoría neerlandeses.
Pero el tribunal no quiso exigir esas reparaciones ni pronunciarse sobre el caso del MH17. En 2022, un tribunal neerlandés sentenció a “cadena perpetua” a dos ciudadanos rusos y a un ucraniano por "asesinato" de esas 298 personas.
Además, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, habría autorizado personalmente la entrega de sistemas de defensa aérea a los separatistas ucranianos, incluido el sistema de misiles Buk que derribó el vuelo MH17, según concluyó un equipo conjunto de investigadores de Países Bajos, Australia, Bélgica, Malasia y Ucrania.
El mismo lleva casi una década buscando pistas que permitan llevar ante la justicia a los responsables de ordenar el derribo del avión malasio.
SNGZ