El Senado de Chile se reunió hoy para votar el juicio político del presidente Sebastián Piñera, iniciado por la oposición de centroizquierda que busca removerlo porque supuestamente favoreció la venta de una empresa familiar durante su primer gobierno, un hecho revelado por la investigación periodística internacional de los Papeles de Pandora y que se habría efectuado en el paraíso fiscal en Islas Vírgenes.
La crucial sesión se produce a sólo cinco días de que los chilenos acudan a las urnas para elegir presidente para el período 2022-2026, cuyo ganador recibirá el mando el 11 de marzo de 2022 de Piñera o de su sucesor, si es destituido.
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Para que Piñera sea removido se necesitan 29 de los 43 votos del Senado. La oposición tiene 24 sufragios y los cinco que le faltan deberían provenir de legisladores oficialistas, lo que sería difícil.
La sesión partió con un breve relato de la causa por parte del secretario del Senado, Raúl Guzmán, y siguió con la intervención de tres diputados acusadores sobre los fundamentos que llevaron a la Cámara de Diputados a admitir el juicio por 78 votos a favor, 68 en contra y tres abstenciones. Más tarde los senadores escucharán a otros dos diputados acusadores, a la defensa del mandatario y sucesivas réplicas de los expositores.
Este es el segundo intento de destitución del presidente de Chile, que asumió en marzo de 2018 y que tras la crisis social de 2019 no logró recuperarse ante uno de los periodos más difíciles en los 31 años de democracia.
El primer intento de juicio político fue a fines de 2019, cuando fue acusado de violaciones a los derechos humanos durante la represión policial de masivas protestas, la que no llegó a tramitarse por no reunir los requisitos necesarios, según la mayoría de los diputados.
"Estamos hablando de corrupción" del mandatario, dijo la diputada Gael Yeomans y agregó que Piñera favoreció la venta de una propiedad familiar pactada en un paraíso fiscal para eludir impuestos, lo que “va en contra del principio de probidad de la constitución”.
Su colega Leonardo Soto dijo a los senadores que "deberán elegir de qué lado están... de quienes aceptan la corrupción o están contra ella" y Gabriel Silber concluyó que el atropello a la probidad “ha dañado gravemente a muchas democracias en nuestra región y ha hecho caer gobiernos”.
Los cargos contra el mandatario son “haber infringido abiertamente la constitución y las leyes” y “haber comprometido gravemente el honor de la nación” y se votarán por separado.
El Senado estableció para hoy una doble sesión especial en el Parlamento que se prolongará por más de 10 horas para abordar los términos en los que se vendió la minera Dominga por parte de una empresa de sus hijos en 2010, revelados por el trabajo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), conocido como 'Papeles de Pandora'.
Por la tarde los políticos tendrán 15 minutos cada uno para fundamentar su voto, lo que extendería la sesión hasta la madrugada del miércoles. Cuando los diputados admitieron la acusación, sesionaron durante 22 horas.
Piñera sigue en funciones tras la admisión del juicio político y sólo tiene prohibido salir de Chile a la espera de la decisión del Senado. Si es destituido, el Congreso elegirá a su sucesor entre cualquier ciudadano que deberá completar su mandato.
La acusación fue presentada por 16 diputados opositores luego de conocidos los Papeles de Pandora, una investigación periodística internacional sobre negociados en paraísos fiscales que incluían un contrato de diciembre de 2010 sobre la venta de un negocio minero y portuario de sus hijos que condicionaba uno de los pagos a que en la zona en que se instalaría la empresa no fuera declarada de exclusión, parque o reserva nacional. Cuatro meses antes Piñera reubicó una termoeléctrica que se levantaría en el mismo lugar.
El mandatario afirma que conoció el negocio tras concluir su primer mandato, en 2014, que los hechos por los que fue acusado están prescritos y que una investigación judicial sobre las gestiones de sus empresas lo sobreseyó en 2017. La constitución establece que un gobernante puede ser enjuiciado políticamente durante su gestión y hasta seis meses después de concluido su mandato.
OMZI