El Tribunal de Paz de Colombia acusó este martes 4 de agosto crímenes de guerra y lesa humanidad a 27 excomandantes del extinto grupo Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) por su participación en diversos hechos violentos que marcaron la historia del país.
“Por primera vez, los integrantes vivos del Secretariado y de quienes tuvieron mando en el sur y oriente del país rinden cuentas ante la justicia por estos crímenes”, destacó en un comunicado la Jurisdicción Especial para la Paz.
Principales imputados y marco de sanciones
Se trata de una imputación que abarca atentados, masacres, homicidios, desapariciones, violencia sexual y desplazamientos, padecidos por más de 2 mil 400 víctimas que acudieron al tribunal y perpetrados por las FARC hasta el 2016, cuando firmaron el acuerdo de paz con el Estado.
Entre los imputados están Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, quien fue el último máximo comandante de la guerrilla y firmó la paz, y Julián Gallo, Carlos Antonio Lozada, exsenador por el partido de las FARC.
Estos exguerrilleros tendrán 30 días para aceptar o rechazar las imputaciones. De aceptar, podrían recibir sanciones que no implican la cárcel, pero sí la participación en proyectos para reparar a las víctimas. En caso de rechazarlas, se exponen a ir a un juicio en el cual podrían recibir una condena de hasta 20 años en prisión.
Las FARC, que nació a mediados de la década del 60 y fue considerada la guerrilla más antigua de Latinoamérica, sembró a inicios de este siglo terror en las ciudades con ataques que quedaron grabados en la memoria colectiva, como el atentado con explosivos en 2003 al Club El Nogal, ubicado en una exclusiva zona de Bogotá y frecuentado por la clase política, que dejó 36 muertos y cerca de 200 heridos.
También fueron imputados por el asalto con cohetes artesanales contra el palacio presidencial el 7 de agosto de 2002 durante la posesión de Álvaro Uribe Vélez, quien salió ileso.
“La mayoría de los rockets cayeron en barrios muy pobres... murieron 31 personas, incluyendo niños que estaban almorzando”, indicó el tribunal.
Patrones de violencia y masacres
El tribunal identificó patrones en la actuación criminal de las antiguas FARC en las ciudades (donde tenía estructuras de mando más pequeñas), como agresiones con explosivos de “gran envergadura” mediante carros o bicicletas bomba para mostrar su presencia urbana, y homicidios contra civiles declarados “objetivo militar”.
Los integrantes de las FARC admitieron ante el tribunal que en 1995 participaron en el asesinato del conservador Álvaro Gómez Hurtado, quien era uno de los líderes de oposición más importantes de la época, además de varias veces senador y candidato presidencial.
Dicha imputación incluye varias masacres cometidas por la entonces guerrilla en las que fue afectada especialmente la población civil.
En 1990, las FARC emboscaron un vehículo policial en Huila, en el suroeste del país, que transportaba niños de entre nueve y 14 años.
“Tras una explosión, los guerrilleros dispararon contra los sobrevivientes, matando a seis niños y niñas, así como dos policías”, indicó el tribunal.
Acciones atroces hacia ciudadanos
El intento por ejercer un control sobre la población a través de la violencia también incluyó la desaparición forzada. El tribunal relató que en Caquetá, al sur del país, la guerrilla interceptó un vehículo el cual transportaba a tres hermanos menores de edad y los obligó a ir con ellos. Posteriormente, la madre intentó buscarlos, pero fue asesinada “para evitar que los siguiera buscando”.
Las FARC hacían “tomas guerrilleras" en pequeños municipios para lograr el control de sus estaciones policiales.
En 1998 tomaron Mitú, la capital del departamento de Vaupés, por cerca de 72 horas, dejando 56 muertos y el pueblo devastado.
La violencia sexual también fue usada como “castigo contra mujeres campesinas que, a juicio del grupo, incumplían sus normas o desafiaban su autoridad”, indicó el tribunal.
LGG