El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela solicitó a la oficialista Asamblea Constituyente de Venezuela allanar la inmunidad del líder opositor Juan Guaidó por violar la prohibición de salir del país que le fue impuesta el 29 de enero, lo que abre el camino a las autoridades para enjuiciarlo por presuntos delitos que van desde supuestos vínculos con hechos de violencia ocurridos en enero hasta recibir dineros del extranjero sin justificación.
El presidente del máximo tribunal, el magistrado Maikel Moreno, solicitó al presidente de la Asamblea Nacional Constituyente "a que se proceda al allanamiento de la inmunidad parlamentaria" de Guaidó por violar las medidas cautelares que le fueron impuestas con anterioridad.
Guaidó realizó en febrero una gira por varios países de la región pese a que el Tribunal Supremo le había prohibido salir del país, había congelado sus cuentas bancarias y le prohibió enajenar y gravar bienes a pedido de la Fiscalía General, que lo investiga por hechos violentos ocurridos en enero.
Moreno indicó que a Guaidó, jefe de la Asamblea Nacional y que en enero se autodeclaró presidente interino, le fuera impuesta una multa de 200 unidades tributarias -unos tres dólares- por violar la medida de prohibición de salida del país.
"Instamos a que esta sentencia sea cumplida y se procederá a investigar por quebrantarla", aseveró Moreno.
El anuncio del Tribunal se produjo cuatro días después que la Contraloría General inhabilitara a Guaidó para participar en elecciones y ejercer cargos públicos por 15 años por la supuesta falsificación de datos en su declaración patrimonial y por recibir dinero del exterior sin justificación.
La Contraloría General se encarga de la revisión de la gestión de todos los organismos estatales y funcionarios públicos.
El contralor Elvis Amoroso no precisó cuándo empezaría la inhabilitación ni reveló el monto de una multa que le será impuesta a Guaidó, pero sí agregó una acusación más: usurpar funciones públicas y cometer "acciones con gobiernos extranjeros que perjudican al pueblo de Venezuela y su patrimonio".
Guaidó considera ilegitimo al Tribunal Supremo, la Asamblea Constituyente y la Fiscalía General, postura compartida por más de cinco decenas de países.
Y mientras la tensión política va en aumento y las autoridades estrechan el cerco judicial contra Guadó, millones de venezolanos tratan de lidiar con los cortes de energía y se mantienen suspendidos servicios básicos como el agua.
La incertidumbre reinaba el lunes entre los venezolanos tras el anuncio del presidente Maduro de un plan de 30 días para racionar la electricidad.
En cadena de radio y televisión, Maduro informó el domingo la implementación del plan como parte de los intentos del gobierno de "reponer y reconstruir" el sistema eléctrico nacional y lograr un equilibrio entre la generación, transmisión y la distribución de electricidad mientras se repara el "daño brutal" que, según Maduro, han causado Estados Unidos y sus adversarios locales.
El gobierno suele catalogar como plan de "administración de carga" a los distintos racionamientos de energía eléctrica que ha aplicado por años en algunos estados como el occidental de Zulia, donde las fallas eléctricas son endémicas.
El anuncio se produjo horas después de que una nueva falla dejó sin servicio eléctrico a Caracas y al menos dos decenas de estados como parte de una serie de apagones nacionales que se registran a diario en el país desde el 7 de marzo.
"Estamos peor ahora. No sabemos si la luz se fue por un apagón o nos la quitaron por el racionamiento”, dijo Raquel Mayorca, una oficinista de 30 años a las puertas de un mercado que en la mañana del lunes cerró sus puertas tras un súbito corte de energía. A escasos 200 metros del mercado, la luz en los edificios comerciales y el alumbrado público funcionaban.
El gobierno “no informa, nos tienen en una sola zozobra. Ya deberían estar hablando de horarios, qué días y de todo sobre el racionamiento", resaltó Mayorca. “Y si se va la luz a cada rato, menos esperanzas tenemos que pongan el agua”.
Maduro pidió el domingo a los venezolanos mantener la calma mientras se estabiliza el suministro eléctrico y se restituye el servicio de agua, afectado profundamente por los apagones, luego de que en varios sectores de la capital y en otras ciudades se reportaron numerosas protestas.
Las actividades en los centros educativos permanecen suspendidas desde el 26 de marzo, mientras los horarios labores fueron reducidos hasta las 14 en el sector público y privado, particularmente en Caracas, debido a la escasez de autobuses y el riesgo de que muchos queden varados al anochecer si se registran nuevas fallas en el servicio de trenes subterráneo, que trasladan un promedio de tres millones de personas a diario.
El funcionamiento de internet y los teléfonos fijos y móviles es intermitente desde el 25 de marzo en varias regiones del país.
nma