Un fallecido en choques callejeros entre civiles opositores y oficialistas marcó el inicio de una huelga en la región de Santa Cruz, locomotora económica de Bolivia, para exigir un censo de población nuevo que actualice su representación legislativa y la cantidad de fondos estatales que recibe.
Detractores y seguidores del Gobierno de Arce, armados con piedras, palos y explosivos, protagonizaron enfrentamientos desde la madrugada del sábado en Puerto Quijarro, ciudad fronteriza con Brasil de unos 20 mil habitantes, según imágenes difundidas en redes sociales.
Fruto de los incidentes, Pablo Taborga fue ingresado en un hospital de la ciudad, donde falleció.
"Condenamos la violencia ejercida durante un paro cívico que provocó la irreparable pérdida de una vida humana en Puerto Quijarro", dijo el presidente del país, el izquierdista Luis Arce, quien instó a investigar los hechos y "sancionar a los responsables".
Ciudad paralizada
Un comité de Santa Cruz en el que participan representantes sociales y empresariales convocó hace dos semanas una serie de protestas para exigir al gobierno que realice un censo de población el próximo año ya que consideran que están subrepresentados legislativamente y que reciben menos fondos del Gobierno central de lo que le corresponde.
La representación en el Congreso y la partida presupuestal del estado que recibe cada departamento de Bolivia depende de su población, por eso Santa Cruz, el más poblado del país, quiere actualizar el censo. El último se hizo hace más de diez años.
"Necesitamos más recursos. Este departamento, Santa Cruz, es muy grande y los recursos están muy limitados, para la salud, la educación", dijo a la AFP Claudia López, una comerciante de 35 años.
Las calles de Santa Cruz, de casi dos millones de habitantes y capital de la región homónima, amanecieron el sábado vacías, con cruces bloqueados con piedras, palos, llantas de goma y banderas regionales, constató la AFP.
Si bien en el centro no hubo incidentes, en algunos barrios de la periferia se reportaron choques callejeros entre vecinos opositores y oficialistas.
"Lo habíamos dicho: el acarreo [traslado] de gente obviamente genera violencia", lamentó el gobernador de Santa Cruz, el opositor Luis Fernando Camacho, tras los enfrentamientos.
Camacho alegó que el oficialismo trasladó a personas de otras regiones del país para contrarrestar las protestas opositoras.
Tras los incidentes, las oficinas en La Paz de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Unión Europea (UE) emitieron comunicados para lamentar lo ocurrido.
La ONU-Bolivia "lamenta la pérdida de una vida humana y exhorta a los actores políticos y sociales a evitar escenarios de confrontación y violencia", mientras la UE deploró "la pérdida de una vida" y pidió "encontrar escenarios de reencuentro entre bolivianos".
Diálogo
Paralelamente al inicio de las protestas, el Gobierno de Arce abrió el sábado una mesa de diálogo con representantes del comité que convocó la huelga, informó la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, en busca de superar las diferencias.
Mientras Santa Cruz reclama el censo para 2023, el gobierno afirma que no hay condiciones técnicas para realizarlo antes de 2024.
Arce enfrenta el primer conflicto social de envergadura desde que asumió el cargo hace dos años.
Los últimos enfrentamientos violentos se registraron en Bolivia a fines de 2019, cuando opositores de derecha denunciaron que el entonces presidente, el izquierdista Evo Morales, había cometido fraude en las elecciones.
Los enfrentamientos entre seguidores y detractores del líder indígena en las calles dejaron 39 muertos, según la CIDH, y la dimisión de Morales, quien salió del país.
MO