El gobierno de Venezuela reiteró que vetará su espacio aéreo a Argentina, hasta que compense los daños causados por la incautación de un avión de la compañía estatal Conviasa, que estuvo retenido en Buenos Aires desde junio de 2022 y fue enviado a Estados Unidos en febrero pasado.
"Ninguna aeronave, que provenga o se dirija a la Argentina, podrá sobrevolar nuestro territorio, hasta que nuestra empresa sea debidamente compensada por los daños causados, después de las acciones ilegales realizadas, solo con el fin de complacer a sus tutores del norte", expresó en X el canciller venezolano, Yván Gil.
En respuesta, Argentina inició acciones diplomáticas contra Venezuela según explicó el portavoz presidencial argentino, Manuel Adorni, en su habitual rueda de prensa en la Casa Rosada (sede del Gobierno).
"Argentina no se va a dejar extorsionar por los amigos del terrorismo. Argentina inició acciones diplomáticas contra el Gobierno de Venezuela, encabezado por el dictador Maduro, tras su decisión de impedir el uso del espacio aéreo del país por cualquier aeronave argentina, con el perjuicio que eso conlleva para nuestro país", afirmó el portavoz.
Discusión entre los servidores públicos:
La medida de Caracas, indicó Adorni, está relacionada con el caso del avión venezolano Boeing 747 que fue retenido en Argentina y enviado a Estados Unidos.
Si bien el portavoz del Ejecutivo argentino no amplió detalles, EFE pudo saber por otras fuentes que Argentina presentó una nota de protesta a Venezuela el 8 de marzo "por la decisión de suspender los permisos de sobrevuelo de empresas aéreas argentinas en espacio aéreo venezolano".
En ese texto, Argentina también adelantó que tomaría medidas en el ámbito de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) por "violar el Convenio sobre Aviación Civil Internacional", conocido como Convenio de Chicago (1944).
Según dichas fuentes, Venezuela respondió ayer "ratificando la suspensión" y vinculando esta prohibición con el caso de la citada aeronave.
¿Qué pasó con el avión venezolano?
En la madrugada del pasado 12 de febrero, el Boeing 747-300M Dreamliner de carga, que fue propiedad de la empresa iraní Mahan Air y actualmente pertenecía a Emtrasur, filial de la aerolínea venezolana Conviasa, empresas sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, partió rumbo a Estados Unidos, en respuesta a un pedido de decomiso.
La tripulación que había llegado a Argentina el 6 de junio de 2022, integrada por cinco iraníes y catorce venezolanos, fue retenida inicialmente por la Justicia y puesta en libertad después por falta de evidencia por el delito de financiación de actividades terroristas.
El avión había llegado a Argentina procedente de México y tras hacer una escala en Venezuela. Dos días después partió de Argentina para cargar combustible en Uruguay, pero regresó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza (provincia de Buenos Aires), porque el país vecino no autorizó su aterrizaje.
Desmantelan el avión:
Entonces, la Justicia argentina ordenó inmovilizar la nave y dispuso que los 19 tripulantes no podían salir del país. Con el correr de la investigación, los tripulantes fueron liberados.
La justificación de la reclamación por parte de Estados Unidos es que fue una entidad iraní sancionada por el Departamento de Comercio la que transfirió el avión (de fabricación estadunidense) a un tercero, algo prohibido precisamente a efectos de la sanción.
Antes de la partida del avión hacia Estados Unidos, se sumó un confuso episodio, el 6 de febrero, cuando un diplomático venezolano en Buenos Aires violó la seguridad y sacó fotos de la aeronave, por lo que fue declarado persona no grata y dejó el país en las 48 horas siguientes.
Dos semanas después de la salida del avión, el pasado 29 de febrero, Maduro denunció a Estados Unidos por el "acto vil, criminal, indignante" de "descuartizar" la aeronave en Miami (Florida).
SNGZ