La Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) dejó sin ejercer 104 millones de pesos en proyectos en el puerto de Altamira, principalmente para ampliación del dragado de navegación, además de no ejercer penalizaciones por el incumplimiento de los pagos, esto durante en el 2021, arrojó la cuenta pública.
En las revisiones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), también se encontraron pagos excesivos en la adquisición de equipamiento para el personal como parte de la prevención por la pandemia del covid-19 y en los volúmenes de obra estimados con los ejecutados, observaciones encontradas dentro de este ejercicio.
Dentro de los puntos encontrados, en el dragado de construcción faltó la aplicación de penas convencionales por 23,6 millones de pesos, a raíz del incumplimiento de los plazos de ejecución establecidos en el contrato de obra.
En la adecuación de pavimentos en patios EX-ITA, P.V.I. y vialidad Mar Rojo, hubo una inadecuada planeación al omitirse contemplar los estudios de ingeniería, pues durante su ejecución se formalizaron tres convenios de ampliación del plazo que de manera conjunta suman 157 días naturales, equivalentes al 46.2 por ciento del plazo contractual.
Como agregado, la entidad fiscalizada recibió extemporáneamente acciones de contratistas entre 62 y 74 días naturales posteriores a los 15 días establecidos a la fecha de su conclusión, en un contrato de obras públicas y dos de servicios relacionados; también, no se formalizó el finiquito de los trabajos ni el acta de extinción de derechos y obligaciones.
Finalmente, la fiscalización dejó como observación pago en exceso por 305 mil pesos por la falta de comprobación de la utilización del equipo de seguridad, de señalización, protección y prevención por la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus. en un monto menor, se gastaron 154 mil pesos por diferencias entre los volúmenes de obra estimados y pagados contra los realmente ejecutados.
Ante esto, en uno de los resultados no se detectó irregularidad, 4 fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este informe; para los seis restantes arrojaron tres promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y tres pliegos de observaciones.