Después de varios desencuentros entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y la empresa española Iberdrola sobre los contratos que firmó con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en pasadas administraciones federales, la energética europea decidió venderle 13 plantas de generación eléctrica que tiene en México, operación valuada en casi 6 mil millones de dólares.
“Es una nueva nacionalización. (…) Con esto resolvemos para el corto y mediano plazo el consumo de energía eléctrica que requiere el país en plano crecimiento y lo más importante de todo: de esta forma garantizamos que no aumenten los precios de la electricidad a los consumidores”, enfatizó el mandatario en un video publicado en redes sociales.
La adquisición se realizará a través de un vehículo de inversión nacional con participación mayoritaria del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), administrado por una fondo privado llamado Mexico Infrastructure Partners (MIP) y con financiamiento de la banca.
El secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Rogelio Ramírez de la O, precisó que esta transacción no implica aumentar la deuda pública presupuestal, al ser realizada a través del Fonadin, que es un vehículo fuera del balance del sector público.
Iberdrola detalló en un comunicado que estas 13 centrales eléctricas tienen una capacidad instalada de 8 mil 539 megavatios (MW). Esto significa que la compañía ibérica cederá al gobierno de México 48 por ciento de sus 27 plantas en la nación, pero que representan 77.6 por ciento del total de su generación eléctrica en este mercado.
Cabe mencionar que 8 mil 436 MW corresponden a ciclos combinados de gas y 103 MW a un parque eólico.
Las plantas que incluye la compra son Monterrey I y II, Altamira III y IV, Altamira V, Escobedo, La Laguna, Tamazunchale I, Baja California y Topolobampo II y III, junto con el parque eólico La Venta III, que operan todos ellos bajo el régimen de Productores Independientes de Energía contratados con la CFE, y los ciclos combinados de gas privados Monterrey III y IV, además de Tamazunchale II y Enertek.
“Hemos entendido cuál es la política energética de su gobierno y eso nos ha llevado a buscar una situación que sea buena para el pueblo de México y que, al mismo tiempo, cumpla con los intereses de nuestros accionistas”, expuso José Ignacio Sánchez Galán, presidente ejecutivo de Iberdrola, a López Obrador.
Rogelio Ramírez de la O remarcó que la inversión que realiza el Estado representa un pago promedio de 696 mil dólares por MW de potencia, que se encuentra a niveles de mercado; será la CFE la encargada de operar las 13 plantas, a la vez que no la compromete financieramente y le permitirá reducir costos.
Detalló que con este acuerdo, la CFE logrará elevar de 39 a 55 por ciento su participación en la capacidad de generación eléctrica nacional, y además ejemplificó que solo contando en la región noreste, este porcentaje subirá de 7 a 45 por ciento.
“No debemos de apostar a la privatización en actividades sociales y en actividades estratégicas para el pueblo y para la nación”, subrayó el presidente acompañado del director general de CFE, Manuel Bartlett Díaz.
Mientras que Iberdrola aclaró que seguirá prestando servicio a sus clientes actuales en México (así como, transitoriamente, a las sociedades incluidas en el perímetro de la operación) para lo que se prevé celebrar contratos de compraventa de energía con las sociedades que se transmiten con la finalidad de proporcionar al grupo la energía necesaria para desarrollar la electricidad renovable en México y cumplir con sus objetivos en el país.
Fue en 2020 cuando comenzaron los choques entre el presidente López Obrador, quien consideró que la empresa se aprovechó en gobiernos pasados para “conquistar” el sector eléctrico nacional, mientras que Ignacio Galán explicó que no invertirían donde no sean bien recibidos.
Consideraciones
Esta operación de compra que realizará el gobierno de México, por medio del Fonadin, estará evaluado en casi 6 mil millones de dólares, seis veces más de lo que se pagó por la refinería Deer Park en Estados Unidos.
Ramses Pech, analista y asesor de la industria energética, aconsejo que la CFE debe analizar a detalle la vida útil de esta infraestructura que está comprando la administración pública, porque algunas son muy viejas.
“Es importante que la comisión pueda realizar un diagnóstico de cada planta para determinar la vida útil real de lo que compran y la inversión necesaria para elevar este indicador y pueda dar retornos”, destacó en redes sociales agregando que para ello si necesitará destinar presupuesto.
Explicó que de las 13 plantas adquiridas, siete operan entre 15 a 24 años, y estas concentran 60 por ciento del total de capacidad neta disponible y 50 por ciento que pagara la nación.
Mientras que Adrián Magallanes, socio especialista de la firma Von Wobeser y Sierra, consideró que un acuerdo consensuado entre las dos partes por sí mismo es positivo, porque la alternativa eran los arbitrajes internacionales con fundamento en tratados de protección de la inversión, “en donde México se arriesgaba a una condena multimillonaria”.
Añadió que además añade importancia por el contexto en el que están las negociaciones bajo el T-MEC por parte de muchas empresas, donde el gobierno de Estados Unidos está velando por sus intereses.
Por otro lado, el sector industrial de Altamira, Tamaulipas, se encuentra en la espera de conocer si las centrales de energía adquiridas por el gobierno de México se reactiven tras la desconexión aplicada por las autoridades en septiembre de 2022.
En su momento el gobierno del municipio afirmó que la medida afectó la atracción de nuevas inversiones, además de que interrumpió actividades que se realizaban de forma cotidiana.
Cabe mencionar que entre las centrales que detuvieron su operación y que forman parte del paquete que compró la administración de Andrés Manuel López Obrador se encuentran Altamira III y IV, que en conjunto alcanzan los mil 77 MW, además de Altamira V cuya capacidad se reporta en mil 143 MW.
En ese orden se pusieron en funciones entre 2003 y 2006, para integrar más adelante el complejo de cogeneración Altamira, cuyas actividades se pusieron en marcha en diciembre de 2017.
Pero la suspensión afectó a cuatro plantas del ramo petroquímico en la región.
MRA