Un organismo de vigilancia de derechos humanos acusó al Banco Mundialde permitir la violenta expansión de un parque nacional por parte del gobierno de Tanzania a través de financiación del prestamista global.
El Banco Mundial no ha responsabilizado a las autoridades de Tanzania por las graves violaciones de derechos, incluyendo asesinatos extrajudiciales y agresiones sexuales, relacionadas con la ampliación del Parque Nacional Ruaha en el sur del país de África Oriental, según un nuevo informe del Instituto Oakland.
El reporte del organismo de vigilancia con sede en California, que monitorea regularmente las violaciones a derechos de comunidades indígenas, es el resultado de meses de investigación que halló evidencia de irregularidades por parte de guardabosques financiados en parte a través del proyecto de 150 millones de dólares del Banco Mundial conocido por el acrónimo REGROW.
En octubre de 2022, el ministro del gobierno de Tanzania a cargo de tierras y asentamientos humanos anunció un plan para desalojar a personas de cinco aldeas con una población combinada de más de 21 mil habitantes.
Los desalojos son inminentes, indicó el informe publicado el jueves. Las comunidades afectadas incluyen miembros de los pueblos pastores masai, datoga y sangu.
Las brutales tácticas del gobierno de Tanzania para expulsar a las comunidades y aumentar el turismo en el Parque Nacional Ruaha, un objetivo del proyecto REGROW, “están inextricablemente ligadas a su financiación por parte del Banco Mundial”, se lee en el informe.
En correspondencia con el Instituto Oakland, el Banco Mundial niega que esté financiando los esfuerzos de las autoridades de Tanzania para regularizar los límites del parque. El banco señala que no financia la adquisición de armas e insiste en que las actividades relacionadas con la ampliación de los límites del parque “quedan fuera del alcance de” REGROW, un proyecto que comenzó en 2017.
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