Derivado de la pérdida de empleo generalizado que ha provocado la pandemia del covid-19 en el país, el número de delitos como extorsión y fraudes telefónicos se incrementará en los próximos meses, advirtió Raúl Sapién Santos, presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP).
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El directivo mencionó que Nuevo León se ha caracterizado por implementar acciones durante el confinamiento que le ha permitido un menor número de delitos, sin embargo, previó que esto podría cambiar una vez que se reanuden las actividades.
Señaló que, en Nuevo León, durante el mes de enero se registraron 40 casos denunciados relacionados a la extorsión, en febrero bajó a 35, en marzo a 32 y abril a 28.
“Debo de reconocer que el estado de Nuevo León ha hecho un extraordinario trabajo que viene de tiempo atrás, sobre todo al fiscal porque ha hecho un excelente trabajo, de ahí que haya niveles bajos de este tipo de delitos. Al instalar un telefónico virtual atendido por agentes del Ministerio Público”.
Aclaró que son cifras con base a denuncias, dado que pudiera ser mayor el número de casos que no son denunciados.
Muchas de las llamadas que se reciben para extorsionar personas no se originan en esas ciudades, sino que proceden de otros lugares.
Indicó que la violencia en el país no se ha detenido a pesar del confinamiento sanitario y es de llamar la atención el incremento en las llamadas de extorsión y los fraudes telefónicos que han aumentado de un 18 a 26 por ciento en lo que va del año, destacando estados como Campeche, Ciudad de México y el Estado de México que fueron los más afectados, según un sondeo realizado por el CNSP.
Lamentó que no exista la cultura de la denuncia ni la confianza en las instituciones de seguridad y de ministeriales.
No obstante, el presidente del CNSP, señala que todo esto sugiere que el crimen organizado está reclutando gente para aumentar sus actividades delictivas, aprovechando que la mayoría de la población ha tenido que permanecer en sus hogares, por eso, menciona, es muy importante que los 3 niveles de gobierno, tanto a nivel federal, estatal y municipal realicen un trabajo articulado y de manera coordinada tanto para la realización de pruebas rápidas de detección de covid-19 como en la generación de las condiciones necesarias para que los empresarios puedan llevar a cabo los procesos y procedimientos de reactivación económica que requiere el país.