Empresarios del programa transmigrante continúan con la denuncia de presuntos actos de extorsión cometidos por agencias aduanales, encargadas de tramitar los pedimentos de mercancías que salen desde Estados Unidos, pasan por puentes internacionales de Tamaulipas y se dirigen hacia Centroamérica.
En este caso, Transmigrantes Águila como Juany aplican el cobro en el puente internacional Los Indios, ubicado al poniente de Matamoros. Esta práctica se une a otras quejas mencionadas por la Asociación Pro Derechos Humanos de los Latinoamericanos.
La acción se realiza antes de la Aduana federal mexicana en donde personal a nombre de Roberto Zepeda Caballero, quien representa a la compañía antes señalada, ubica un punto en el mencionado cruce y solicita 500 dólares por unidad. Se calcula que las ganancias alcanzan hasta los 30 mil dólares por día.
"Los pedimentos los cobra este señor, pero la amenaza viene desde otras personas quienes mediante audios nos advierten de trabajar exclusivamente con esa y otras agencias. Caso contrario nos detendrán. Sospechamos que es gente mala y sin estar involucrados en la actividad quienes lanzan la advertencia y nos preocupa por no tener libertad", dijeron afectados que prefirieron el anonimato.
Las víctimas mencionaron que otros sujetos como Israel Monterroso, Alexander Ponce, César Augusto García, Oscar Rivas, Luis Carlos Morales, entre otros, son identificados por aplicar esta medida irregular.
Está bajo investigación
El movimiento se gesta, apuntalaron las víctimas de este delito, por la agencia aduanal Transmigrantes Águila, propiedad de Miguel Hipólito Caballero Aupart, uno de los involucrados por el Buró Federal de Investigación (FBI) de realizar actividades ilegales por medio de este negocio (expediente 4:22-cr-560), junto a otros dueños de oficinas de este servicio.
El gobierno de los Estados Unidos lo acusa de estar ligado con otras personas, entre ellas Carlos Favián Martínez, conocido como “El Cuate”, familiar del líder criminal Osiel Cárdenas Guillén. El dueño de la empresa es considerado prófugo de la justicia.
Cabe señalar que todo el producto es comercializado en países como Guatemala, Honduras, Belice, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y hasta Panamá.
Lo anterior está documentado por Linda Guerrero, presidenta de la Asociación Pro Derechos Humanos de los Latinoamericanos. Ante esto, ha solicitado a los gobiernos de México como de los Estados Unidos intervenir para evitar más actos de corrupción, al tener una larga lista de hechos que afectan el programa T9.
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