El empresario Alejandro del Valle lidera a un grupo de inversionistas al frente de Interjet, la aerolínea que sufre el paro de sus operaciones debido a la huelga de sus trabajadores en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (AICM).
En diciembre pasado, la aerolínea informó que después de una asamblea de accionistas se designó al inversionista Del Valle como presidente del Consejo de Administración y se ratificó a Carlos Rello, como director general.
Del Valle es presidente del Consejo de Administración del Intercontinental Chamber of Commerce, México (ICC México). De acuerdo con la descripción de la propia página web de la empresa, “desde 2018 a la fecha, la cámara apoya al gobierno mexicano, como asesor en la implementación de los programas sociales, tales como Banco del Bienestar y en la reestructuración de ciertas entidades, como Segalmex y Salud”.
En noviembre de 2019 trascendió que la firma coreana Hyosung, miembro de ICC México, había conseguido el contrato (por vía directa) para proporcionar 8 mil cajeros automáticos al Banco del Bienestar, transacción que no prosperó.
Siete meses después, el pasado 20 de junio, Rabindranath Salazar, todavía como titular del Banco del Bienestar, informó que debido a que los cajeros serán ubicados directamente en las sucursales y no en los “centros integrales de desarrollo” que se planearon inicialmente, los requerimientos del proyecto cambiaron, por lo que se decidió hacer una nueva licitación.
En octubre de 2019, Alejandro del Valle participó en la conferencia México-Estados Unidos, exporta sin intermediarios, organizada por el gobierno de Tabasco, donde se buscaba que las empresas de esta entidad pudieran vender sus productos a 16 mil tiendas de comercio en el país vecino del norte.
Del Valle calificó como histórico ese día, ya que era una oportunidad para las compañías mexicanas de aumentar su mercado, aspecto que dijo se logró gracias a las gestiones del gobernador Adán Augusto López.
Alejandro del Valle es propietario también de Telmark Contact Line, una empresa que ofrece servicios de call center y outsourcing, ligada al PRI y que en 2011 estuvo involucrada a una investigación por presunta triangulación de recursos públicos.
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Ese año la empresa se adjudicó, sin licitación de por medio, un contrato para atender solicitudes de citas médicas, vía telefónica e internet, entre otros servicios para los derechohabientes del ISSSTE, por 7 millones 634 mil 793 pesos.
Cuatro años más tarde, en 2015, el órgano interno de control del ISSSTE detectó irregularidades en las bitácoras de los servicios proporcionados por dicha compañía. Ubicó 46 mil registros de llamadas telefónicas falsas.
MRA