Con el objetivo de romper la brecha digital en México y acercar los servicios de telecomunicaciones en las zonas más apartadas del país, durante la administración pasada se puso en marcha la empresa público-privada Altán Redes, encargada del despliegue de la Red Compartida; la cual inició una solicitud para un proceso de concurso mercantil.
El 21 de marzo de 2018 Altán Redes inició operaciones con una cobertura del 32.2 por ciento. En mercado, dicha empresa ofrece servicios mayoristas de telecomunicaciones a través de una red inalámbrica 4.5G o superior que utiliza 90 MHz de la banda de 700 MHz, bajo el esquema de banda 28.
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Tres años después, la compañía cuenta 3 millones de usuarios y 100 Operadores Móviles Virtuales (OMVs) distribuidos en todo el territorio nacional y una cobertura del 90 por ciento. Su meta al 2022 es alcanzar una penetración del 92.2 por ciento del territorio mexicano y cubrir en forma progresiva a los 132 Pueblos Mágicos para el 24 de enero 2022.
Sin embargo, desde la concepción del proyecto y posteriormente en la implementación del mismo, diversos especialistas del sector dudaron sobre la viabilidad, rentabilidad y soporte financiero que tendría la Red Compartida en México, acusó Jorge Bravo, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI).
“Secuestro” del espectro radioeléctrico
Tras darse a conocer el proceso de concurso mercantil, Bravo indicó que el principal riesgo en la crisis financiera de Altán Redes es la subutilización del espectro radioeléctrico que está en poder de la empresa.
“La quiebra es lo de menos. Esta quiebra está provocando que no se utilice el espectro radioeléctrico y eso si es preocupante”; mencionó en entrevista con MILENIO.
En julio del 2018, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) otorgó en aquel entonces a la empresa PROMTEL, en su carácter de concesionario, un título de concesión para usar, aprovechar y explotar la banda de frecuencias del espectro radioeléctrico para uso comercial de la banda de 700 MHz.
Crisis financiera genera incertidumbre
De acuerdo con el presidente de la AMEDI, el concurso mercantil es un eufemismo de una quiebra financiera, que compromete toda la operación, modelo de negocio y a sus socios; situación que advirtieron diversos especialistas desde antes de la creación de la compañía.
“El modelo no le ha dado el retorno de capital, porque las inversiones son a largo plazo; tampoco tiene los ingresos para ser sustentable mientras recupera sus recursos. Mete incertidumbre a los operadores móviles virtuales y a los prestadores que dan servicios modelos porque el modelo no está cumpliendo sus expectativas”, agregó Bravo.
lvm