La contratación en México está fuertemente estigmatizada hacia las personas con algún antecedente penal, razón que impide, muchas de las veces, la reinserción laboral, dijo en entrevista con MILENIO Arleth Leal, socia fundadora de Red Ring, empresa especializada en recursos humanos.
“Sí existe, desafortunadamente, una discriminación para las personas con antecedentes penales. La mayoría de las compañías, 80 por ciento a escala nacional, pide a la gente contar con una carta de antecedentes penales, quien no tenga o en ella exista algún antecedente penal, es suficiente para que no sean contratados, independientemente de si tienen habilidades y cualidades para el puesto, y si fue hace mucho, poco tiempo o del tipo de delito que se cometió”, dijo la especialista.
Se estima que en el país cerca de 60 por ciento de las personas que cometieron algún delito vuelve a reincidir, en muchas ocasiones regresan a prisión por el mismo delito por el que entraron la primera vez.
En 2017, en el marco del foro Inserción laboral de personas con antecedentes penales: Miradas y desafíos desde una perspectiva de género y de derechos humanos, el representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Antonio Luigi, alertó sobre la necesidad de generar en el país un análisis sobre las oportunidades y condiciones reales para que estas personas puedan tener una completa incorporación a la sociedad.
“En México hay habido muchos foros para tocar el tema y ver cómo se podría reinsertar esta fuerza laboral, pero las conclusiones no son nada alentadoras. El país no está preparado para cambiar su conciencia y brindar segundas oportunidades. Lo que se recomienda es que la gente se capacite en habilidades técnicas para que tengan mejores posibilidades”, afirmó Leal.
Añadió que en las empresas del país es preciso trabajar en el esquema de recomendaciones para que las personas puedan tener dicha oportunidad de entrar a laborar. Sostuvo que, además, se deben desarrollar temas sobre las políticas de selección para las personas que en algún momento cometieron algún delito, pues los filtros actuales no discriminan entre delitos graves de los que no lo son.
“En otros países la política es un poco más incluyente, incluso hay ciertos puestos en empresas en las que únicamente son para ex convictos, de carácter social y brindan una segunda oportunidad a estas personas”, afirmó la especialista.
Añadió que dentro del sector empresarial nacional sí existe una estigmatización hacia estas personas que hacen que muchas de las veces vuelvan a delinquir.
“Hoy compañías internacionales con las que trabajamos por sus políticas de antiterrorismo, todas las personas, incluyendo el director general, tienen que tener su carta. Incluso con expatriados hay que acompañarlos a tramitar la carta porque para muchas empresas es requisito indispensable, independientemente del cargo que tengan”, dijo.
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DENUNCIA DESINFORMACIÓN
La fundadora de Red Ring lamentó que además no exista información amplia sobre el tema, pero admitió que este no es un problema por industria, sino de todo el sector empresarial a nivel general.
Indicó que el gobierno debe implementar programas con respecto a incentivos en materias de impuestos, entre otras, que puedan alentar a las compañías a reformar su manera de incorporación laboral. “Si el gobierno del país puede impulsar el contratar a estas personas con este tipo de iniciativas, generar una conciencia más amplia y con apoyo, las empresas lo voltearían a ver con mayor interés”, finalizó.