El empresario mexicano Antonio del Valle, que fuera principal accionista del español Banco Popular con 4.2 por ciento del capital, pidió al juez instructor que lleva el caso personarse en la causa por la resolución (liquidación) del banco, que le causó una pérdida patrimonial de aproximadamente 550 millones de euros.
En un escrito fechado el pasado 9 de septiembre al que tuvo acceso EFE, Del Valle pide al juez español adherirse "a las acciones civiles (no penales) que sean ejercitadas por el Ministerio Fiscal, en el momento procesal oportuno".
El juez que lleva el caso, que en una providencia fechada el 10 de septiembre acusa recibo del escrito, acordó el pasado 4 de marzo procesar al expresidente del Banco Popular Ángel Ron, a otros doce directivos y a la consultora PwC por delitos de estafa a los inversores y falsedad contable en la ampliación de capital de 2016.
El juez José Luis Calama constató que los déficits de provisiones ocultos en las cuentas de 2015 y primer trimestre de 2016 se mantuvieron en los estados financieros semestrales de 2016, auditados por PwC, y en los del tercer trimestre de ese año.
Asimismo, que en las cuentas anuales del año 2016 se corrigió parte de ese déficit, pero se puso de manifiesto por parte de la inspección sobre activos adjudicados un déficit de mil 418 a mil 620 millones de euros.
Hace poco más de un año, en julio de 2023, Del Valle pidió el archivo de la causa, tras llegar a la conclusión de que las cuentas eran correctas.
El magnate mexicano, que perdió con la desaparición del banco cerca de 550 millones de euros, pidió el sobreseimiento al entender que las cuentas del Popular eran correctas y apuntó a la declaración de inviabilidad del banco como un momento "anómalo" y no consentido por el Consejo.
Pocos meses antes, la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya desestimó el arbitraje presentado por Del Valle y otros inversores por la resolución del Popular, en la que reclamaban al Reino de España 700 millones de euros.
Pero el laudo, favorable a España, rechazó todas las pretensiones de los demandantes, validando las acciones realizadas por las instituciones a nivel comunitario y nacional, y confirmando que fue acertada y legal.
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MRA