El socio experto en minería y Derecho Constitucional de la firma Santamarina y Steta, Mariano Calderón, señaló el proceso para elaborar y aprobar Iniciativa de Reforma a la Ley Minera, no solo fue desaseado y mal manejado, sino que también alberga una visión totalmente equivocada de la realidad minera.
El especialista de la firma legal, dijo que cada vez las iniciativas están llenas de calificativos, dogmas arcaicos y carentes de propósitos. "Nada para aprovechar y mejorar lo que existe. Solo para socavar a una industria y empoderar a burócratas”, dijo.
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Mariano Calderón explicó que la iniciativa tiene dos aspectos sumamente preocupantes, de forma y fondo. El primero, la prisa febril por sacar la iniciativa sin recurrir a estudios, diagnósticos ni consensos o ni siquiera consulta con los principales actores de la industria, y como segundo aspecto un 'pésimo' diagnóstico de la situación.
“Nos hace pensar que proviene de la satanización de los emprendedores industriales de la sociedad productiva. Eso nos llevará a una ley nueva que de entrada va a ser injusta, porque ya existen mecanismos para sancionar a los que violan las leyes vigentes (que no toma en cuenta la iniciativa) y generará mucha incertidumbre para las empresas que están cumpliendo a cabalidad”.
Recordó que la industria minera, en los últimos 30 años, contribuyó con inversiones que apoyan la economía nacional, incrementado el PIB y generado los empleos mejor retribuidos de entre varias industrias.
“A lo largo del sexenio, no se otorgó una sola concesión minera, y es algo de lo que el gobierno está orgulloso, cuando debería ser lo contrario. Están promoviendo el subdesarrollo. Las leyes son para el beneficio de los mexicanos en su conjunto, no para paralizar a una industria. Que los que falten a la ley sean sancionados. Ya hay disposiciones vigentes para hacerlo”, aseguró.
Mariano Calderón agregó que esta iniciativa de ley no solo genera incertidumbre para los industriales de la minería, sino también para todo el sector, que incluye empresarios, trabajadores, comunidades indígenas, colectivos y a la economía de diversas regiones.
“No queda bien absolutamente con nadie. Solo busca otorgar más facultades, arbitrariedad y discrecionalidad a los funcionarios del gobierno", y considero que la iniciativa, carga con vicios de inconstitucionalidad que podrían ser cuestionados ante la Corte.
srgs