La Auditoría Superior de la Federación (ASF) acusó a la Secretaría de la Función Pública (SFP) de impedirle realizar sus trabajos, ocultar información sobre el estado patrimonial de un líder sindical y mostrar resistencias al proceso de fiscalización; además, señaló que existe discrecionalidad en las investigaciones que realiza.
“Durante la auditoría, la SFP mostró resistencias al proceso de fiscalización, al no permitir el acceso al equipo auditor a sus instalaciones y archivos, y sus servidores públicos se negaron a comparecer ante la ASF; siendo destacable la negativa a entregar la información del expediente de investigación integrado por presuntas anomalías e incongruencias en el estado patrimonial de un líder sindical, argumentando que no contaba con dicha información”, destaca uno de los informes de auditorías realizado a la SFP.
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La ASF aseguró que “la posición adoptada por la SFP durante el proceso de fiscalización resultó ser incongruente con la estricta aplicación de los principios de transparencia, rendición de cuentas, y combate a la corrupción y a la impunidad que la propia dependencia federal impulsa en el ámbito de sus facultades”.
Así lo reportó el órgano de fiscalización superior, encabezado por David Colmenares, en el informe de una auditoría practicada a la institución, encabezada por Irma Eréndira Sandoval, para evaluar el “Control Interno y la Gobernanza de los Órganos de Vigilancia y Control en la Administración Pública Federal”, como parte de la tercera etapa de fiscalización a la Cuenta Pública 2019.
En dicha auditoría, encontró irregularidades como la falta de experiencia adecuada entre su personal, falta de claridad en los objetivos que persiguen, no existen elementos para poder integrar un diagnóstico apropiado y suficiente de la situación que guarda el control interno en la Administración Pública Federal.
La ASF encontró que la SFP no dispuso de una política, lineamiento o metodología para justificar cómo selecciona a los servidores públicos sujetos a investigación.
“No formalizó ni autorizó las técnicas y métodos de investigación, y aunado a que las unidades administrativas competentes y los Órganos Internos de Control y las Unidades de Responsabilidad no generaron informes o diagnósticos que aportaran indicios para identificar situaciones que pudieran ser objeto de investigación en materia de la evolución patrimonial de los servidores públicos”, dice el informe.
Esto, añade la ASF, propició condiciones favorables para la realización de actos de discrecionalidad en la selección de los servidores públicos sujetos a investigación en 2019, ya que cinco de las 10 investigaciones de evolución patrimonial se relacionaron con el contenido y temporalidad de diversas notas periodísticas publicadas a lo largo del ejercicio fiscal, adicionales a las dos que se realizaron a petición de instituciones externas a la SFP, y sólo tres de ellas fueron sugeridas por áreas de la dependencia.
Además, señaló que la SFP impidió que el equipo auditor realizara entrevistas complementarias, argumentando la suspensión de labores provocada por la emergencia sanitaria de la pandemia por covid-19.
Sin embargo, explicó la ASF, “las actividades de revisión que la SFP llevó a cabo durante el periodo de tiempo señalado mantuvieron continuidad, en correspondencia y aplicación de los acuerdos publicados en el DOF durante el ejercicio fiscal 2020”.
Al analizar el trabajo de la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control, a cargo de Federico Huchim, la ASF concluyó que “no fue posible que la SFP acreditara cómo mejoró el control interno para coadyuvar al cumplimiento de los objetivos y las metas de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; ni de qué manera focalizó los actos de auditoría en las áreas proclives a irregularidades administrativas e ilícitos en la gestión pública”.
La ASF revisó el proceso de contratación y gestión profesional de los servidores públicos adscritos a dicha coordinación y encontró diversas irregularidades y deficiencias, como que la SFP proporcionó 49 curriculum vitae, de los cuales se comprobó que en 21 casos no estaban actualizados al momento de la revisión; y se verificó que un servidor público que ocupó el cargo de Coordinador General; dos servidores públicos que ocuparon los cargos de delegados y comisarios públicos propietarios en los sectores de Economía y de Salud, Trabajo y Seguridad Social, y tres servidores públicos que ocuparon el cargo de subdelegados y comisarios públicos suplentes en los sectores de Desarrollo Económico, de Energía y de Educación y Cultura, no contaron con los años de experiencia requeridos en los perfiles de puesto.
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Critica revisión de declaraciones 3de3
La ASF advirtió que, en lo que se refiere a las investigaciones de evolución patrimonial de los servidores públicos, la SFP practicó, durante el ejercicio 2019, sólo se realizaron 92, que representó únicamente el 0.02 por ciento del total de las declaraciones patrimoniales presentadas (575 mil 834) y que sólo comprendieron a servidores públicos de 35 de las 296 instituciones registradas y el 50 por ciento se concentró en cinco entes públicos.
Además, señaló que la SFP careció de mecanismos de control eficientes que le permitieran comprobar el cumplimiento de esta obligación, así como la verificación del contenido de la información de las declaraciones.
Esta situación se reflejó en irregularidades como que, en 2 mil 420 declaraciones, no se determinó la institución de adscripción de los servidores públicos; 39 instituciones no fueron clasificadas en ninguno de los comisariatos de la SFP y hubo discrepancias en la información estadística, presentada en el informe de labores de la secretaría, respecto de las bases de datos, por un total de 21 mil 126 declaraciones.
“Todo ello en detrimento de la obligación de contar con información íntegra, veraz y de calidad que le permitiera desempeñar sus funciones como responsable de recibir, registrar, controlar e investigar las declaraciones patrimoniales y de intereses de los servidores públicos de la APF”, añadió la ASF.
Asimismo, reveló que en las investigaciones de evolución patrimonial, sólo participó la Dirección General de Información e Integración de la SFP, “con lo que se concluyó que los OIC y las demás autoridades investigadoras fueron omisas en el ejercicio de las atribuciones que la Ley General de Responsabilidades Administrativas les confiere”.
En su dictamen, la ASF precisó que, en materia de transparencia y rendición de cuentas, la estructura de los órganos de vigilancia y control generó incertidumbre en cuanto a la integridad, existencia, veracidad y competencia de la gestión referente a la planeación estratégica, administración de riesgos, control, vigilancia y mejora continua del sistema de control interno.
“Su labor no produjo un diagnóstico, sobre el estado que guarda el Sistema de Control Interno en la APF, que permitiera y soportara su gestión sustantiva para implementar acciones de mejora que coadyuvaran a las dependencias y entidades de la APF en el cumplimiento de los objetivos y las metas de la planeación nacional”, estableció.
AESC